Un ciudadano acusaba a Boluarte, Torres y demás ministros de Pedro Castillo porque habían presentado un proyecto de ley ante el Congreso que pretendía introducir la figura de la Asamblea Constituyente en el 2022.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes, por unanimidad, el informe de calificación que declara la improcedencia de la denuncia constitucional 265 en contra del expresidente del Gabinete Minsiterial, Aníbal Torres, la actual presidenta Dina Boluarte y otros exministros que trabajaron para el expresidente Pedro Castillo.
A todos ellos se les acusaba de presunta infracción constitucional a los artículos 51, 31, 43, 44, 45, 55, 103 y 139 de la Constitución Política. La denuncia había sido formulada por un ciudadano, quien denunciaba a los exministros por presentar en el 2022 un proyecto de ley que pretendía incluir la figura de la Asamblea Constituyente, la cual, según el denunciante, privaba a los ciudadanos de igualdad ante leyes electorales y se incumplía la ley expresa de no discriminación. Además, afectaba los derechos humanos.
Según el informe de calificación, esta denuncia constitucional no cumple con los requisitos del literal c del articulo 89 en el cual refiere que la persona denunciante debía ser agraviada directamente por los hechos. Además, sus argumentos descritos en su acusación no señalan una infracción a la constitución.
La subcomisión señala que el debate de un proyecto de ley no genera por sí mismo una amenaza ni vulnera derechos fundamentales.
En la denuncia constitucional también estaban incluidos Nicolás Bustamante, Alfonso Chávarry, Félix Chero, José Gavidia, Osca Graham, César Landa, Jorge López, Diana Miloslavich, Modesto Montoya, Carlos Palacios, Jorge Prado, Alejandro Salas, entre otros.
Por otro lado, con 20 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención se aprobó el informe que declara procedente la denuncia constitucional 382 presentada por Patricia Benavides en contra del exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 401 del Código Penal.
Recomiendan inhabilitación política
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó en enero pasado el informe final que recomienda inhabilitar para el ejercicio de la función pública al exjefe del Gabinete Aníbal Torres por diez años.
"Señores congresistas el informe final propuesto sobre la denuncia constitucional 290 ha sido aprobado por mayoría con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones", indicó la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones.
La denuncia constitucional contra Aníbal Torres fue formulada por el parlamentario Jorge Montoya e ingresada el 16 de agosto del 2022 a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelión y omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín y terrorismo.
Torres, en el año 2022, exhortó a dirigentes e integrantes de organizaciones sociales, pueblos indígenas y ronderos a movilizarse hacia Lima; además de pedir poner de rodillas a golpistas contra el gobierno de Pedro Castillo e impulsar una nueva Constitución.
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