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El presidente del Congreso indicó que con la modificación de la normativa de la APCI se busca "que los recursos económicos que llegan al país de la cooperación internacional sean destinados a los supuestos beneficiarios".
El presidente del Congreso Eduardo Salhuana, en una breve conferencia de prensa, dio algunos detalles sobre los diversos dictámenes aprobados ayer, miércoles, por el Pleno del Parlamento, entre ellos, la modificación de la normativa de supervisión del empleo de los fondos provenientes de la cooperación internacional por parte de las oenegés.
En ese sentido, Salhuana Cavides resaltó que la norma no tiene como objetivo restringir la labor de las organizaciones no gubernamentales, sino garantizar que dichos fondos sean destinados a sus "supuestos beneficiarios".
"Sobre la modificación de la ley de la APCI, yo creo que es importante que los recursos económicos que llegan al país de la cooperación internacional sean destinados a los que son los supuestos beneficiarios, es decir que los recursos, en su mayoría, que llegan de afuera vayan a las comunidades nativas, vayan para proteger los bosques del Perú, vayan para trabajar en temas de igualdad de género, etc.", indicó.
"El objetivo no es restringir, no es limitar, sino al contrario, que haya un buen uso de los recursos de la cooperación internacional", acotó.
Como se recuerda, el referido dictamen que modifica la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue aprobado con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, y exonerado de segunda votación.
El objetivo de la norma, según el texto, es fortalecer el trabajo de la APCI y "contribuir con la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable".
Entre las modificaciones, se establece que la referida entidad estará presidida por el ministro de Relaciones Exteriores o su representante, y que esta debe "dar conformidad previa a la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades registradas por los organismos que ejecutan la cooperación técnica internacional, así como los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebran con el Estado".
Además, establece como uso indebido de los fondos "utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado peruano". La modificación considera esto como falta muy grave, la cual podría generar la cancelación de la inscripción de la ONG.
Carpetas fiscales contra congresistas "carecen de todo sentido jurídico"
Por otro lado, el presidente del Parlamento dijo que existe un "escenario de confrontación" entre "el Ejecutivo y organismos constitucionalmente autónomos", como la Fiscalía de la Nación.
"Yo reitero la exhortación y la invocación. Si cada uno se va a atrincherar en su posición y decir que el que está al frente tiene la culpa, no vamos a solucionar absolutamente nada. Creo que todos tenemos que reflexionar y me incluyo, como Congreso, aunque de nuestra parte jamás va a haber ninguna frase altisonante ni ninguna frase agresiva", destacó.
Asimismo, Salhuana indicó que había revisado las carpetas fiscales contra congresistas, presentadas por la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, y que los argumentos contenidos en ellas "carecen de todo sustento jurídico".
"Los argumentos de las carpetas fiscales [contra congresistas] realmente carecen de todo sustento jurídico, pero ahí están con carpetas fiscales en el Ministerio Público. En todo caso, yo reitero: nada va a ganar el país si continuamos en esta confrontación, quien se frota las manos, quien está contento es la criminalidad que continúa avanzando", refirió.
Cabe destacar que, hasta el momento, desde el Congreso de la República se ha presentado tres denuncias constitucionales contra la fiscal de la nación, dos de ellas se interpusieron esta semana ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La primera fue presentada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos), a fines del pasado febrero, en la que acusa a la titular del Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Según Alcarraz, Espinoza habría incurrido en esos delitos al haber denunciado constitucionalmente a 11 parlamentarios por haberse "interesado indebidamente y directamente" en el dictamen de la norma que permitió que los militares y policías en retiro que son parlamentarios puedan recibir su pensión además de su salario como representantes públicos.
Las otras dos fueron presentadas por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú); y la bancada de Renovación Popular. La primera es por un presunto desacato de la Ley 32130, impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos; y la segunda, por los presuntos delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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