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por Redacción RPP
·El dictamen que recoge hasta seis proyectos de ley sostiene que busca contribuir con la transparencia y supervisión de la ejecución de recursos recibidos por las entidades que la gestionan. Esta iniciativa había sido cuestionada por embajadas y delegaciones internacionales, que advirtieron sobre una restricción a la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio.
El Pleno del Congreso aprobó este miércoles un dictamen que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que establece la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Perú.
Con 80 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, este dictamen recaído en los proyectos de ley 6162/2023-CR, 6252/2023-CR, 7140/2023-CR, 7354/2023-CR, 7367/2023-CR y 7505/ 2023-CR, sostiene que busca contribuir con la transparencia y supervisión de la ejecución de recursos recibidos por las entidades que la gestionan. Asimismo, se le exoneró de una segunda votación.
La iniciativa fue sustentada por Auristela Obando (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien indicó que fue el dictamen fue analizado en cinco sesiones que contaron con las posiciones técnicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sunat, Unidad de inteligencia Financiera, el Ministerio Público, la APCI y la Contraloría General de la República.
La legisladora fujimorista indicó durante su intervención que, tras el estudio de las iniciativas legislativas, se advirtió que existen vacíos en la normativa de la Ley 27692, que permite a muchas organizaciones no ser transparentes.
Ahora queda pendiente que se remita la autógrafa al Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte la promulgue o presente alguna observación
Lo aprobado
El proyecto modifica los artículos 3, 4, 21 y 22 de la Ley de Creación de la APCI y plantea que dicha agencia tiene la responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable, que se gestiona a través del Estado y proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado.
Se señala también que la APCI debe ejecutar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, componente de la política exterior del Estado que capta en el exterior los recursos para el desarrollo nacional, además de proyectar la oferta nacional de cooperación técnica internacional.
Así, se precisa que las entidades (ONG) tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los planes, proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional.
Entre las disposiciones complementarias, se señala que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evalúa la necesidad de crear una unidad de organización dentro de su organización interna para efectivizar las disposiciones establecidas en la propuesta dentro del marco de sus competencias.
Cuestionamientos
Este proyecto había sido cuestionado en junio de 2024 por diversos sectores. Mediante un comunicado conjunto, dieciséis embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas, la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, España y Estados Unidos, expresaron su preocupación por la iniciativa, que consideraron restringe la “capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.
Por su parte, el exdirector de la APCI, Luis Olivera, señaló en RPP que el proyecto tenía como objetivo silenciar a las ONG, las cuales -por su espectro ideológico- pueden tener una voz crítica que se vuelve incómoda para el Estado al cuestionar su trabajo y la forma como se ejerce el poder.
“Las ONG, o sean, las organizaciones de la sociedad civil, en general, son incómodas porque abordan temas que son de interés público y que suelen criticar o mostrar deficiencia del Estado en el respeto a derechos humanos o temas ambientales”, sostuvo entonces en Las cosas como son.
También se pronunció Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, quien sostuvo que las organizaciones sociales, empresariales eclesiásticas, que trabajan por la democracia y desarrollo del país, no se oponían a una regulación por parte de APCI, que actualmente rige en Perú, sino que cuestionaban el diseño del proyecto parlamentario, porque “genera un control político discrecional”.
"Cuando se tipifican las sanciones existe mucha discreción en relación con cuál es la sanción y hay una sanción desproporcionada con la cantidad de reglas económicas o incluso la disolución [de la organización]", dijo en junio pasado.
El machismo comienza en el hogar
El machismo nace y se reproduce en los hogares, con las jerarquías, las limitaciones de libertades y la mala distribución de tareas domésticas.
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