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La Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto clave sobre el financiamiento a los partidos políticos. Este cambio permitirá que empresas privadas vuelvan a aportar dinero a las campañas, pero con nuevos límites. Además, se han definido reglas sobre cómo los partidos con representación en el Parlamento pueden usar los fondos que reciben del Estado. ¿Qué significa esto? Los detalles en este informe.
Congreso
Expertos opinan sobre los cambios hechos por el Congreso al financiamiento que reciben los partidos políticos en el Perú
El Congreso de la República aprobó una ley que modifica el financiamiento público y privado que reciben los partidos políticos en el Perú. El texto fue aprobado en primera y segunda votación por la Comisión Permanente, y ya ha sido enviado al Poder Ejecutivo en calidad de autógrafa para su promulgación.
¿Cuáles son los principales cambios que propone la norma?
1. Restablece el financiamiento de empresas a partidos
El texto aprobado permite que las empresas privadas vuelvan a aportar dinero a partidos políticos, lo cual se prohibió en el Perú desde la revelación del caso Lava Jato. Ahora, tanto las empresas, como las personas naturales, podrán financiar de manera directa campañas políticas.
Un aspecto positivo de este cambio es que las organizaciones políticas podrán acceder a dinero de origen legal y, con ello, elaborar mejores planes de gobierno, sostiene José Manuel Villalobos, abogado experto en temas electorales.
"Va a incentivar a que el sector empresarial aporte de manera responsable a aquellos partidos que hagan propuestas viables de crecimiento del país. No creo que una empresa aporte a la campaña de un partido cuyas propuestas son inviables", refiere.
2. Aportes confidenciales
La norma también permite que los partidos reciban dinero a través del Banco de la Nación, pero sin que conozcan la identidad de sus aportantes. De acuerdo al texto, el Banco registra los datos de cada aportante, para posteriormente entregar esta información solo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta figura de 'aporte confidencial' debe ser perfeccionada, considera el analista político Enzo Elguera.
"Le están dando una carta blanca a los partidos políticos para lavarse las manos y no tener una responsabilidad respecto de los aportes que pueden ser ingresados de manera anónima a través del Banco de la Nación, porque esto se va a informar a la ONPE y se le va a responsabilizar a ellos si es que no detectan o no hacen la tarea de investigar de dónde proviene el aporte", precisa.
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3. Nuevos montos por cada aportante
La propuesta aprobada señala que cada aportante, sea persona natural o empresa, pueda entregar hasta un millón de soles a un partido político al año. Tener acceso a más recursos exige que exista una mayor transparencia de los partidos, considera el abogado en derecho electoral, José Naupari.
"Se ha mantenido el tema de [que los partidos entreguen] dos informes de campañas, uno [será] luego de las primarias y el otro... ya veremos. Pero si van a aportar empresas, si van a duplicar los montos, ¿no debería ser mejor que tengamos información en tiempo real?", cuestiona.
Es preciso señalar que la iniciativa eleva el tope de 120 UIT (S/. 642,000) a 200 UIT (S/. 1,070,000) que cada aportante privado puede entregar a una organización política en un año. No obstante, si el aportante desea entregar donativos a más de un partido político, el monto en suma entre las organizaciones no debe exceder de los 500 UIT (S/. 2,675,000).
4. Nuevos usos del financiamiento público
Sobre el financiamiento público, el texto señala que los partidos políticos con representación en el Congreso pueden usar el dinero que reciben del Estado para el pago de abogados de sus dirigentes y voceros. Pero que, en caso sean condenados, deberán devolver los fondos utilizados.
En diálogo con El Poder en tus Manos, el especialista en temas electorales, Óscar Matutti, indicó que esta modificación a la norma "presenta varios problemas".
"Uno de ellos es un problema de trazabilidad. La ONPE tendrá dificultades para garantizar que estos fondos no se destinen hacia la defensa de actos que no estén vinculados al ejercicio legítimo de funciones políticas. Asimismo, existe un riesgo de impunidad. En la práctica es difícil recuperar fondos públicos una ve que han sido gastados, especialmente si los recursos han sido empleados para causas legales", sostiene.
Matutti recalca que el texto aprobado "tiene un débil condicionamiento", puesto que establece el retorno de los fondos si ocurre una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, "lo que significa que el dinero puede ser utilizado durante todo el proceso electoral, incluso si hay sospechas de mal uso".
"Aunque la disposición intenta generar un mecanismo de control, no está ofreciendo garantías sólidas para evitar el uso indebido de recursos públicos", recalca.
Con los cambios aprobados, los partidos políticos deben garantizar un manejo y un uso responsable de los aportes que recibirán y que serán la base para realizar sus campañas en las elecciones 2026.
Este es un informe de El Poder en tus Manos con la asistencia técnica de Idea Internacional.
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Karina Valencia Pantoja Periodista
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