Gobierno autoriza apoyo de las FF.AA. a la Policía en Lima y Callao. ¿Cuáles fueron las reacciones políticas?

El Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao para "asegurar el control y el mantenimiento del orden interno" y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario.

Gobierno autoriza apoyo de las FF.AA. a la Policía en Lima y Callao
Gobierno autoriza apoyo de las FF.AA. a la Policía en Lima y Callao | Fuente: Foto: Andina

El Gobierno autorizó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao para "asegurar el control y el mantenimiento del orden interno" y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida responde a una solicitud de la PNP debido al "incremento significativo" en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas. Según el pedido de la Polícia en Lima y Callao, se registra un aumento de las actividades de organizaciones delicitivas "que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanos".

Ante esta situación, diferentes congresistas y personalidades políticas han expresado sus puntos de vista. El congresista Jorge Montoya, almirante en retiro, se mostró en contra de esta disposición al considerar que "las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que hayan situaciones que desborden a la capacidad logística de la Policía".

"Acá es una orden abierta para reemplazar a la Policía en los puestos de control que tienen, que no son muchos, y suena extraña. Hay algo que seguramente todavía no sabemos y puede aparecer. Lo que ha pasado con la inseguridad ciudadana es la incapacidad de los gestores de la misma, no de la Policía", indicó.

"La Policía tiene la cantidad de gente suficiente como para poder cubrir el área, son el doble que las Fuerzas Armadas. Estamos viendo un enfoque equivocado. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero esa incapacidad es la que nos tiene en esta situación", agregó.

El vocero de Renovación Popular también cuestionó que esta medida se pretenda aplicar en Lima y Callao cuando en las provincias se está generando una gran cantidad de conflictos sociales, motivados por protestas al sector minero. En su opinión, el Gobierno estaría buscando agudizar esta situación.

"El Gobierno está permitiendo que se incendie la pradera, están generando conflictos en todo el país para convertir esta situación en inmanejable y en algún momento dado dar la garantía y asumir el control completo como en una dictatura. Si yo permito que se incendie todo poco a poco y no tomo acción, llega un momento en el que el desborde es tal que las Fuerzas Armadas tienen que actuar de oficio. Eso es lo que están tratando de hacer", advirtió.

A su turno, el congresista José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expresó su preocupación por esta disposición, pese a que se encuentra dentro de lo que permite la Constitución. Para el también legislador de Renovación Popular, el Poder Ejecutivo tendrá que explicar los alcances de esta medida para evitar resultados negativos.

"Es preocupante que salga en estos momentos. Por lo menos legal es, la Constitución lo ampara, el tema está si es oportuno. Sé que hay mucha inseguridad, sobre todo en el área del Callao, hay inseguridad en todo Lima, pero también creo que los grandes problemas están fuera del área de Lima y Callao, básicamente en el sur, con las mineras, donde ahí debería estarse trabajando la protección", opinó.

Por su parte, la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, se mostró a favor de esta medida y recordó que se trata de un pedido que ella ha hecho "desde hace meses" para su región, Callao, y que hoy se extiende a Lima. Sin embargo, precisó que analizarán la norma "para que no se sea sólo un paliativo de la crisis del Gobierno".

En tanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, consideró que se tendrá que estar vigilantes y cautelosos en el cumplimiento de la medida que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional; no obstante, recordó la labor de esta institución durante la pandemia de la COVID-19.

"Creo que es una medida que se ha dado, siempre hay que ser vigilantes y cautelosos del cumplimiento de la medida, pero fundamentalmente del respeto derecho de las personas, eso tiene que primar ahí", señaló.

Para el exministro del Interior Óscar Valdes, está comprobado que este tipo de medidas no tienen resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana porque "las Fuerzas Armadas tienen otra misión y están preparadas para hacer frente a otro tipo de amenazas". El exministro cuestionó que no se piense en la restructuración del plan operativo del uso de la Policía a nivel nacional.

"La Policía cuenta con más de 140 mil efectivos, pero lamentablemente están mal distribuidos y no vemos una acción de liderazgo de los comandos respectivos para frenar la delincuencia en su respectivo sector. Nos hemos olvidado de las tareas que tienen los comisarios de implementar y dar el personal suficiente, de eliminar tantos cargos administrativos y eliminar elementos de seguridad a funcionarios que no tienen ningún peligro", indicó.

"No se debe estar buscando sacar al Ejército porque es una medida solamente efectista, para las tribunas, pero que a las finales no contribuye porque los soldados no están preparados para perseguir a los delincuentes", agregó.

Garantizan derecho a la libertad y seguridad personales

El decreto precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas "constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta" y que "el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de
la PNP.

Asimismo, señala que la participación de las FF.AA. "está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población".

"La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte", indica la resolución suprema.

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