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por Redacción RPP
·La presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones justificó el cambio en la ley que regula la inversión privada en las telecomunicaciones.
Hilda Portero, congresista de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, indicó que el proyecto de ley que regula la inversión privada en servicios de radiodifusión no representa una imposición a las empresas privadas, sino que es una medida que beneficia a los consumidores.
En ese sentido, explicó que dicho dictamen obliga a las empresas que brindan el servicio de cable a incluir en su parrilla todos los canales de señal abierta a nivel nacional.
Sin embargo, precisó que esta disposición no fue diseñada para favorecer o ampliar el alcance del contenido estatal en todo el país.
“Yo respeto mucho a la empresa privada, pero también muchas de ellas vienen, hacen su dinero, pero no dan apertura y responsabilidad social hacia el pueblo. Entonces, ellos tienen que ponerse al consenso y al diálogo entre la población”, indicó la legisladora.
“Este proyecto ha sido consensuado y hubo como más de dos o tres meses de trabajo donde se ha llamado a todos los entes involucramos y hemos recibido sus opiniones”, añadió.
Finalmente, reiteró que con este proyecto de ley el principal beneficiario será el consumidor porque tendrá acceso -sin costos adicionales- a todos los canales de televisión de señal abierta a través de su proveedor de cable.
Abogado califica de inconstitucional cambio en ley
El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen que regula la inversión privada en servicios de radiodifusión. La propuesta aprobada establece que las empresas privadas de distribución de cable deberán incluir en su parrilla los canales de señal abierta.
En el programa Ampliación de Noticias, el abogado penalista Roberto Pereira criticó la modificación de la normativa y la tildó como una imposición de contenidos “inaceptable” e “inconstitucional”.
“Lo que la norma hace es imponerle contenidos, difusión de contenidos a las empresas de cable, contenidos que son los contenidos de las señales abiertas. Es decir, todos los canales de televisión de señal abierta en distritos, provincias, a nivel nacional, podrán requerir a las empresas de cable de esas circunscripciones y a los canales de televisión de señal abierta que incorporen en su parrilla estas señales”, declaró.
El experto enfatizó que esta modificación contradice el propósito de promover la inversión privada en servicios de telecomunicación.
“Es claramente una imposición de contenidos que además tiene efectos expropiatorios en la medida en que altera la parrilla de estas empresas privadas de cable”, agregó.
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