La reforma judicial y política propuesta por el presidente aún sigue siendo procesada por el Congreso. | Fuente: Andina

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Hace ya más de dos meses se produjo la difusión de los primeros audios que pusieron en evidencia la corrupción de nuestro sistema judicial. A ellos se añaden ahora las confesiones de colaboradores eficaces, uno de los cuales habría dado datos precisos sobre coimas ya no solo para favorecer el narcotráfico sino también la minería ilegal.

También sabemos que uno de los presuntos miembros detenidos de la llamada banda de Los Cuellos Blancos del Puerto, José Luis Cavassa, fue contratado en la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski para “dar capacitación a los personeros”. Esto ha llevado al congresista fujimorista Luis Galarreta a referirse a “Los cuellos blancos de Choquehuanca”, haciendo referencia al domicilio del expresidente.

Galarreta ha comparado también al presidente Martín Vizcarra con el autócrata venezolano Nicolás Maduro. El propio Kuczynski ha salido de la reserva que mantenía desde su renuncia en marzo para sostener vía tweet: “La mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más. ¡Basta!... Basta de insultos y enfrentamientos inútiles, el Perú necesita paz y prosperidad”.

Sin dejar de lado las eventuales responsabilidades judiciales de Kuczynski, es verdad que nos sobran los enfrentamientos y nos hace falta construir un ambiente de paz que favorezca la prosperidad. Pero no es posible fundar la paz sin justicia, así como no hay justicia sin honestidad de los encargados de administrarla.

Lo que nos lleva a la necesaria reforma judicial y política, que parece empantanada en el Congreso. Y nos lleva también a la idoneidad de las autoridades judiciales, comenzando por el jefe de la Fiscalía Pedro Chávarry, cuestionado en su propia institución, sometido a una denuncia constitucional ante el Congreso y desaprobado por una amplia mayoría de la población.

En estas circunstancias la opinión pública se encuentra poco motivada por las elecciones que tendrán lugar en 27 días y aún menos en exigir políticas que impulsen un crecimiento económico capaz de crear empleo y reducir la pobreza.

Sin embargo, de las autoridades locales que elijamos dependerá una parte creciente de la inversión estatal, la eficiencia de los servicios públicos y el contacto directo con la población. Necesitamos por eso, una campaña electoral que nos haga saber qué candidatos tienen programas viables y trayectorias ajenas a la corrupción.

Necesitamos elegir alcaldes y gobernadores dispuestos a promover la inversión privada porque el 4% de crecimiento que se prevé este año no será suficiente. Es urgente que alcancemos consensos sobre las condiciones que harán posible el aumento de la productividad: la educación, la reforma del mercado laboral, la desaparición de los prejuicios contra la minería, el fin de la lentitud administrativa de la entidades públicas. No nos bastan las reservas del Banco Central, la ortodoxia fiscal y el control de la inflación.

Necesitamos reformas. Y ellas requieren un debate racional y sosegado, no enfrentamientos e insultos. El ministro de Justicia ha dicho que los términos de nuestro debate político “rompen las reglas de la ponderación”. Esperamos que él dé el ejemplo en su propio ministerio, en cuya Procuraduría habrían desaparecido documentos del expediente del suspendido juez César Hinostroza.

Esta semana conoceremos la sentencia del caso Tarata, el abominable atentado cometido por el terrorismo senderista en nuestra capital. ¡Veintiséis años después de los hechos! Depende de nosotros, ciudadanos, que no se diga un día que no supimos construir instituciones que rindieran homenaje a los caídos en la guerra más larga y sanguinaria que nuestro país haya conocido a lo largo de su historia republicana.

Las cosas como son.

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