La entidad es clave en la lucha contra el lavado de activos. Fuerza Popular calificó de inconstitucional el pedido para que esta pueda acceder al secreto bancario con autorización de un juez.
“Según la Constitución, los únicos que pueden pedir levantamiento del secreto y reserva tributaria son el fiscal de la Nación y una comisión investigadora del Congreso”. Así explicó el congresista fujimorista Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, por qué su partido votó en contra de otorgarle facultades al Ejecutivo para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). ¿Por qué es importante este tema? RPP Noticias te lo explica.
La UIF es una entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que se encarga de recibir los reportes de operaciones sospechosas que llegan desde los bancos, notarías e inmobiliarias. Luego hace un análisis de la información y envía un informe al Ministerio Público. Su labor es clave en la lucha contra el lavado de activos, una modalidad criminal propia del narcotráfico, la corrupción, la tala ilegal y el contrabando.
Trabajo de investigación. El jefe de la UIF, Sergio Espinoza, conversó con este medio y explicó cómo trabaja su institución. “La primera señal de alerta suele venir de un banco. Ellos analizan los casos y si no encuentran una respuesta lógica sobre ciertas cantidades de dinero, nos envían el expediente del caso y nosotros lo contrastamos con la información que tenemos. Nos falta tener acceso al secreto bancario y tributario. Sin esa información, la posibilidad de concluir que no hay un caso de lavado de activos, cuando sí lo hay, es alta”.
“La Constitución no habla de quiénes pueden levantar el secreto bancario, dice en qué casos se puede”, explicó Espinoza. “Una comisión investigadora del Congreso sí puede levantarlo”.
Esto es lo que dice el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993. “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.
Solicitud y rechazo. El Gobierno solicitó al Congreso como una de las facultades ejecutivas que la UIF cuente con dos jueces ad hoc que decidan sobre los pedidos del levantamiento bancario. Actualmente, esta institución no posee la facultad de solicitarlo y los informes que llegan a los jueces que evalúan los casos carecen de esa información. “Los jueces están completamente de acuerdo con nuestro pedido al Congreso, con facilitarnos el acceso al secreto bancario de los sospechosos, porque en vez recibir de nosotros un informe con el 70% de la información, recibirán el 100%”.
Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del último martes, los congresistas de Fuerza Popular votaron en contra de otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo en temas como el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Ley de Responsabilidad fiscal. Los pedidos que sí recibieron el respaldo de la comisión son los que proponen establecer precisiones y modificaciones normativas al Código Procesal Penal y al Código de Ejecución Penal, y reforzar la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. También se votó a favor de reestructurar la política penitenciaria, optimizar los procedimientos de extradición y traslado de condenados; y modificar las normas sobre tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal y mecanismos alternativos para el cumplimiento de penas en general.
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