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Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), se refirió al pedido de facultades que hizo el Poder Ejecutivo al Congreso de la República para modificar un inciso del Código Penal respecto a delitos contra la seguridad y tranquilidad pública.
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"El tema va por ahí, de poner una mordaza a la prensa para que no informe y que todo sea criminalizado cuando se trate de manifestaciones que no son del agrado del poder de turno", dijo Roberto Pereira.
El abogado y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, advirtió que existe un "riesgo claro para el ejercicio de la libertad de expresión" en el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo al Congreso, a fin de modificar un inciso del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública.
Tal pedido, plantea "sancionar a los instigadores del delito de disturbio (…), ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
En ese sentido, Roberto Pereira manifestó que "el tema es preocupante porque no hay un problema de vacío normativo" porque el Código Penal "ya sanciona los delitos de disturbios para aquellos que materialmente cometen atentados contra la propiedad pública o privada en el contexto de manifestaciones".
Advierte de riesgo a la libertad de expresión
Aseguró, además, que con este proyecto de ley el Poder Ejecutivo "pretende criminalizar a las personas que se expresan a favor de estas manifestaciones", entre ellos, "los periodistas, porque cualquier persona podría mostrarse de manera favorable".
"Sin duda genera un riesgo claro para el ejercicio de la libertad de expresión porque una cosa es estar a favor de las protestas y otra cosa es estar a favor y fomentar actos de violencia, son dos figuras distintas, y para esto último ya existe una regulación en el Código Penal", afirmó en el programa Las cosas como son.
Ante esto, Pereira sostuvo que el Congreso no debería darle al Poder Ejecutivo las facultades que solicita, pues "ya existe legislación".
"En el fondo lo que existe es una suerte de venganza contra los medios de comunicación, que en su momento, denunciaron los abusos que se cometieron contra los manifestantes que lamentablemente fallecieron. Se pretende que la prensa no informe de estos asuntos y si lo hace y no es del agrado del Gobierno de turno o Parlamento, entonces se podrá criminalizar a través de estas figuras especiales que pretenden crear", puntualizó.
"El tema va por ahí, de poner una mordaza a la prensa para que no informe, para que no se adhiera, para que no opinen en relación con estas protestas sociales y todo sea criminalizado cuando se trate de manifestaciones que no son del agrado del poder de turno", finalizó.
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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