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por Oswaldo Palacios
·Según un reportaje, madre e hija, ambas militantes de Alianza para el Progreso (APP), trabajan en el Congreso, pese a prohibición legal. Este caso también evidenciaría un presunto intercambio de favores entre la parlamentaria Rosio Torres Salinas y su asesora principal Cecilia Salazar Mattos.
Una investigación periodística denunció que Cecilia Salazar Mattos —asesora principal de la congresista Rosio Torres Salinas— y su hija Alexandra Tafur Salazar, ambas militantes del partido Alianza para el Progreso (APP), habrían vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con el programa Cuarto Poder, Alexandra Tafur, de 24 años, fue contratada en noviembre de 2024 con un sueldo de S/4 597 en el área de Desarrollo y Bienestar Personal del Congreso, la misma oficina en la que, previamente, trabajaba su madre Salazar Mattos, quien dejó ese puesto laboral para asumir el cargo de asesora principal en el despacho de la parlamentaria Rosio Torres, también de APP, con un sueldo que supera los S/13 000.
“Direccionamiento” en contratación
El reportaje señala que Alexandra es odontóloga de profesión y no cumple con el perfil requerido para funciones administrativas. “Acá no es que se trate de una pariente lejana. Estamos hablando de la misma progenitora”, indicó el experto en contrataciones públicas Marco Montoya, quien alertó que este caso demuestra un “direccionamiento” en el proceso de contratación, especialmente porque implica a varias personas vinculadas al mismo partido político que fundó el actual gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta.
El especialista también apuntó que el Departamento de Recursos Humanos sería el responsable de la contratación. En el momento en que se produjo la presunta contratación irregular, la oficina estaba bajo la jefatura de Haidy Figueroa, otra militante de APP.
Para Montoya, este tipo de designaciones contravienen la ley que prohíbe expresamente la contratación de familiares directos dentro de la administración pública.
Investigadas por el Ministerio Público
El reportaje enfatiza que esta situación se agrava, debido a que Cecilia Salazar —junto a la congresista Rosio Torres— es una de las investigadas por el presunto recorte de sueldos a trabajadores del despacho parlamentario. Según la tesis de la Fiscalía de la Nación, ella era la encargada de recolectar fondos para luego transferirlos a las cuentas de Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la parlamentaria.
Documentos bancarios muestran que Salazar hizo transferencias mensuales a Pérez Guerra entre diciembre de 2021 y julio de 2022 por montos que van desde los S/1 350 hasta los S/3 462.
Un extrabajador del despacho de la congresista sostuvo a Cuarto Poder que “era un tema de favores mutuos. Una conseguía el trabajo, la otra recortaba sueldos. Ambas partes ganaban”. También señaló que Salazar no solo habría sido la ejecutora de las órdenes, sino “también cómplice” de Torres en la operación de recortes.
¿Silencio a cambio de cargos?
El reportaje plantea dos preguntas fundamentales: “¿Fue acaso su discreción, su silencio (en referencia a Salazar sobre los recortes salariales a los trabajadores de la parlamentaria), la moneda de cambio que le habría asegurado no solo el retorno al despacho de Torres Salinas, sino también para obtener un mejor cargo y sueldo?, ¿no haber delatado al partido ni a la congresista le permitió quizás a Cecilia Salazar que su hija sea también favorecida con un empleo en el Congreso en el área administrativa, pese a ser odontóloga de profesión?”.
Para Marco Montoya, la Fiscalía “debe ser investigado a fondo” este caso, ya que la norma prohíbe la contratación de parientes directos hasta el segundo grado de consanguinidad en la misma institución pública.
Frente a estos múltiples cuestionamientos, la congresista Rosio Torres dijo que todo se trata de un “acoso y persecución política” promovida, según ella, por adversarios en su región de Loreto.
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