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por Julio Cisneros
·José Luna Gálvez es investigados por la Fiscalía por los casos Lava Jato, Los cuellos blancos del puerto y las presuntas irregularidades en la inscripción de su partido político Podemos Perú ante la ONPE.
El Tribunal Constitucional (TC) deberá determinar si anula o no las investigaciones fiscales seguidas al congresista José Luna Gálvez por los casos Lava Jato, Los cuellos blancos del puerto y las presuntas irregularidades en la inscripción de su partido político Podemos Perú ante la ONPE.
Esto debido a que la Segunda Sala Constitucional de Lima decidió "conceder" el recurso de agravio constitucional presentado por Luna Gálvez contra la resolución que emitió dicho colegiado, el último 21 de mayo, en la que revocó la sentencia emitida por el juez Juan Carlos Núñez Matos, el último 24 de abril, en la que declaró fundada una demanda de habeas corpus que presentó su defensa legal y dispuso la nulidad de estas investigaciones fiscales únicamente respecto del legislador y reformándola declaró "improcedente" dicha demanda.
A través de una resolución emitida el último 10 de junio a la que tuvo acceso RPP, la sala superior determinó que dicho recurso de agravio constitucional fue presentado dentro del plazo de ley y se cumple lo establecido en el artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional para ser admitido.
Ante ello, el colegiado superior dispuso remitir este recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia para evaluar el fondo de esta demanda de habeas corpus con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
La resolución apelada
La Segunda Sala Constitucional de Lima determinó que lo que en realidad busca el parlamentario es que la justicia constitucional intervenga en materias ajenas al habeas corpus, que protege el derecho a la libertad y relacionados.
El colegiado precisó que la Fiscalía tiene la competencia constitucional de investigar el delito y reunir pruebas para tomar una decisión (acusar o archivar).
El tribunal superior también remarcó que solo podría ser posible la intervención de la justicia constitucional si existiera una arbitrariedad manifiesta que ponga en evidencia la violación de derechos a la libertad individual del investigado y otros conexos a la libertad individual de naturaleza constitucional" lo que no ocurre en el presente caso.
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