¿Cómo detener el dinero ilegal que ingresa a los partidos políticos?

Un 40% de peruanos cree que hay dinero ilegal financiando buena parte de sus organizaciones políticas. Hace tres años la percepción era de 22%. Estas son las cifras del último estudio del Instituto Integración, que reflejan un llamativo incremento de la mano con las observaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que en las Elecciones Generales de 2016 tuvo observaciones a la información proporcionada por dos alianzas políticas y 15 partidos. Las observaciones toman forma de sanción pero solo económica, ya que por ley es lo único a lo que la ONPE puede recurrir para evitar el inyección monetaria ilegal en el sistema partidario del Perú. 

Algunos congresistas como Yohny Lescano (Acción Popular), propugnan que es fundamental contar con sanciones políticas para los partidos que no demuestren el origen de sus finanzas. “Si no presenta de dónde ha sacado el dinero, se debe retirar a ese partido de las elecciones”, afirma.

Uno de los mayores riesgos de tener financiamiento ilícito rondando la política es la penetración del crimen organizado. Dinero proveniente del narcotráfico, empresas fantasmas o aportantes anónimos puede ganar influencias y controlar instituciones políticas. “El objetivo de las empresas no es participar en las elecciones, sino que tienen una naturaleza completamente distinta”, dice Gilbert Violeta, congresista de Peruanos Por el Kambio.

El Congreso ha incorporado dentro del proceso conocido como Reforma Electoral una serie de previsiones para impedir que empresas nacionales y extranjeras puedan financiar campañas electorales. También se propone limitar los aportes de personas naturales, prohibir los aportes anónimos y establecer topes para el dinero recaudado en actividades del partido. Estas medidas serán insuficiente si no se le da a la ONPE, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Contraloría de la República las facultades necesarias para fiscalizar la rendición de cuentas y detectar el dinero sucio dentro de los partidos políticos. “El problema no es cuáles sanciones tenga usted en los libros, el problema es que esas sanciones sean creíbles”, señala Kevin Casas, especialista en financiamiento público.

Este año, los partidos políticos del Perú empezaron a recibir financiamiento estatal. Así, a estas organizaciones se les genera un vínculo directo con el Estado, porque deben reportar cómo gastan el dinero que reciben, que al final son aportes de todos los peruanos. Más allá del debate de si la medida es positiva o no (solo un 20% apoya este sistema, según las cifras de Integración), resulta un remedio insuficiente para impedir la infiltración de dinero ilícito en los partidos peruanos. Lo que se requiere es una ley electoral vigilante y un control efectivo; esto, sumado a la acción combinada de los organismos responsables de control –investidos de sus facultades plenas, sin recortes– se podrá combatir uno de los principales problemas de la política peruana.