De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, el candidato aún puede llegar a ejercer sus funciones. Sin embargo, este podría ser vacado por el Consejo Municipal o la ciudadanía.
A lo largo de esta contienda electoral, se ha visto que postulantes a gobiernos regionales cuentan con orden de arresto. A pesar de ello, continúan en carrera y algunos se perfilan como favoritos a llevarse el puesto.
Manuel Chuquillanqui, asesor presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó a RPP que una orden de arresto e incluso una orden de prisión preventiva no impide que un candidato llegue a asumir el cargo.
“El derecho a participar en una elección solamente se suprime en los casos en los cuales se pierde las condiciones de ciudadanos o este es restringido. En ese expectro, solo se restringe con pena privativa de la libertad: o sea una condena penal o por una condena de inhabilitación”, señaló Chuquillanqui en RPP.
Medidas ciudadanas
Si el candidato que cuenta con orden de arresto gana la elección, este puede ser sometido a un proceso de vacancia o una suspensión municipal. Ambos iniciados por el Consejo Municipal e incluso por los mismos ciudadanos.
“Cualquier ciudadano o el propio Consejo es el que determina si el alcalde, que tiene orden de captura o un mandato de detención y hasta una condena penal, pueden suspenderlo (…) y el JNE será quien decida si este procede o no”, indicó Chuquillanqui.
“Los ciudadanos también podemos participar en aspectos de vida política. Este presenta la denuncia ante el Consejo Municipal regional y decide en primera instancia. El ciudadano también puede ir al JNE y presentar la denuncia”, agregó.
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