De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, el candidato aún puede llegar a ejercer sus funciones. Sin embargo, este podría ser vacado por el Consejo Municipal o la ciudadanía.
A lo largo de esta contienda electoral, se ha visto que postulantes a gobiernos regionales cuentan con orden de arresto. A pesar de ello, continúan en carrera y algunos se perfilan como favoritos a llevarse el puesto.
Manuel Chuquillanqui, asesor presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó a RPP que una orden de arresto e incluso una orden de prisión preventiva no impide que un candidato llegue a asumir el cargo.
“El derecho a participar en una elección solamente se suprime en los casos en los cuales se pierde las condiciones de ciudadanos o este es restringido. En ese expectro, solo se restringe con pena privativa de la libertad: o sea una condena penal o por una condena de inhabilitación”, señaló Chuquillanqui en RPP.
Lima
Manuel Chuquillanqui para RPP.
Medidas ciudadanas
Si el candidato que cuenta con orden de arresto gana la elección, este puede ser sometido a un proceso de vacancia o una suspensión municipal. Ambos iniciados por el Consejo Municipal e incluso por los mismos ciudadanos.
“Cualquier ciudadano o el propio Consejo es el que determina si el alcalde, que tiene orden de captura o un mandato de detención y hasta una condena penal, pueden suspenderlo (…) y el JNE será quien decida si este procede o no”, indicó Chuquillanqui.
“Los ciudadanos también podemos participar en aspectos de vida política. Este presenta la denuncia ante el Consejo Municipal regional y decide en primera instancia. El ciudadano también puede ir al JNE y presentar la denuncia”, agregó.
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