Educación universitaria de calidad: el papel de la Sunedu y el próximo gobierno tras las Elecciones 2021

Desde su creación en el 2014, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, Sunedu, otorgó el licenciamiento a 92 universidades públicas y privadas (y dos escuelas de postgrado); y se lo denegó a 49, estas últimas ya en proceso de cierre. Para Marilú Martens, ex ministra de Educación, el balance general del trabajo de esta institución es positivo. “Ha sido un proceso arduo para las universidades, y ha requerido de tiempo, esfuerzo y mucho presupuesto, pero hoy podemos asegurar que ya todas las universidades licenciadas cumplen con las condiciones básicas. Y no solo es el licenciamiento, sino también el acompañamiento en la implementación de la calidad”.

Por su parte, César Guadalupe, docente e investigador de la Universidad del Pacífico, sostiene que la superintendencia cumplió con su labor de depuración del sistema, porque las universidades no licenciadas, “al no cumplir las condiciones básicas de calidad, nunca debieron existir porque no honran el derecho de las personas a una educación digna”. Aunque considera que hay algunos puntos de mejora en el lado de los procesos administrativos y de autorizaciones que podrían ser más expeditos.

Marilú Martens agrega que el tiempo de licencia recibido por cada universidad responde al nivel alcanzado en cada uno de los criterios de calidad evaluados y que, luego de cumplido el plazo otorgado, debería cumplir con objetivos más exigentes para su renovación. 

La capacidad supervisora y fiscalizadora de la Sunedu encuentra respaldo en la Ley Universitaria, que establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de las universidades. Sin embargo, para César Guadalupe, las próximas autoridades en el gobierno deberían proponer cambios sustanciales en esta Ley.

“No tenemos una buena Ley, es rígida, que asume que dentro de las universidades todas las carreras deben seguir un mismo esquema, duración, forma de operar y de elegir autoridades y profesores. Asume un único molde al cual tiene que ajustarse todo. Es un molde que jerarquiza, pone por encima de lo profesional a lo académico cuando en realidad nuestras universidades son fundamentalmente centros de formación profesional, más que centros de producción científica, que debe ser reforzada pero no para mañana y en todos los programas de pregrado por igual”, comenta Guadalupe.

EL ACCESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE CALIDAD

De las 49 universidades que no obtuvieron la licencia, las privadas se encuentran pasando por un periodo de cierre de actividades de 2 años, durante los cuales sus alumnos de últimos ciclos podrán culminar sus estudios, mientras que el resto deberá ser trasladado a una universidad licenciada.

César Guadalupe sostiene que “hay una responsabilidad estatal muy fuerte en no haber anticipado la cantidad de personas que tendría que salir de las universidades no licenciadas”. Sin embargo, indica que algunas medidas como el decreto de urgencia que permite mayor financiamiento para que las universidades públicas licenciadas puedan ampliar vacantes y absorber estas matrículas, ayudan a remediar la situación.

Por su parte, las universidades públicas no licenciadas se someterán a un plan de emergencia del Ministerio de Educación (MINEDU), que contiene las acciones que deben cumplir para alcanzar las condiciones básicas de calidad. En consecuencia, con menos universidades... ¿qué hacer para mejorar el acceso a la educación universitaria en universidades de calidad?

“Lo óptimo sería que estas buenas universidades, sean nacionales o sean privadas, puedan multiplicarse, abrir diferentes filiales y sedes en el país con esta propuesta de calidad, y que Sunedu acompañe a cada una de estas en esta implementación. No se trata de crear universidades, como hemos estado escuchando”, expresó Marilú Martens.

César Guadalupe señala que otra medida para mejorar el acceso a la educación universitaria de calidad es optimizar los programas de becas. “Hay que ajustarlos y fortalecerlos. Entiendo que el Estado no pague la rentabilidad de un privado, pero sí puede pagar el acceso de una persona que lo necesita”. Y también considera necesario mejorar los programas de crédito educativo, pero evitando que el estudiante egrese con un título y una deuda que no pueda pagar.

Respecto a la educación universitaria gratuita, Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, sostiene que aparte del factor socioeconómico, el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales también determinan las oportunidades para ingresar a la universidad. “Esto mueve la pregunta varios eslabones hacia atrás: hay que garantizar igualdad de oportunidades en la secundaria, primaria y en el desarrollo infantil temprano. La mejora educativa es un asunto de mediano a largo plazo”, comentó.

EDUCACIÓN Y POLÍTICA

Para Hugo Ñopo el negocio de la educación se contradice con el derecho a recibirla. “Hay que enfatizar muchísimo que la educación es un derecho y, en una medida muy seria y profunda, el otorgar un derecho a las poblaciones y que existan agentes con fines de lucro en la provisión del servicio educativo resulta contradictorio, resultan profundamente contradictorios el lucro y la equidad. Hay que prestar atención a eso”, expresó.

En tanto, Marilú Martens pide despolitizar la educación. "Muchas veces se busca rédito político dentro de los ofrecimientos educativos y eso se debería prohibir. Se deben [aportar] propuestas de innovación a partir de la evidencia, criterios técnicos y acompañamientos presupuestales responsables”. Finalmente, César Guadalupe sostiene que ofrecimientos sin sustento técnico como la creación de nuevas universidades deberían estar fuera del discurso político.