Según el Barómetro de las Américas, luego de la corrupción, la principal preocupación de los peruanos es la seguridad ciudadana. Con cifras que podrían aumentar conforme avance la crisis sanitaria, este es un análisis de nuestra situación de inseguridad en las calles.
De acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), entre marzo y agosto de este año el 81,1% de la población del área urbana a nivel nacional cree que puede ser víctima de algún hecho delictivo en los próximos 12 meses. Sobre esta percepción de inseguridad, el investigador de Grade Wilson Hernández manifiesta que se debe a razones como “que la caída de la victimización ha sido constante pero no fuerte. (También) estamos expuestos a mucha información, y constante, sobre cuan peligroso es el país, entonces es fácil tejernos una perspectiva de que es un país desbordado de criminalidad aun cuando no necesariamente sea así, y hay un tercer foco que es el avance de la criminalidad organizada donde creo que no hemos tenido una evolución positiva en el desempeño, sino que diría que estamos igual o incluso más complicados que en años anteriores”, sentenció.
El Barómetro de las Américas alerta que el Perú es el país con mayor índice de victimización entre los países encuestados, con un 36%. Para Lucía Dammert, experta en seguridad ciudadana, un aspecto clave es la atención a organizaciones criminales como las de lavado de activos, drogas, minería ilegal, trata de personas, entre otros porque “las organizaciones criminales de ese calado generan mucha más violencia homicida. Además, tienden a extorsionar a la ciudadanía, y terminan generando bolsones de gente secuestrada, viviendo sin ley entre bandas que se pelean por los territorios; y porque (las organizaciones criminales) tienen capacidad efectiva de control y penetración con mecanismos de corrupción de la política”.
El ex viceministro de seguridad pública, Ricardo Valdés, comenta que la lógica delictiva ha cambiado en los últimos años, pasando de grupos con un liderazgo marcado, a trabajar bajo principios como el uso de terceros. “Y de esa forma un sicario podía servir tanto a un narcotraficante como a un traficante de terrenos o un tratante de personas. Entonces es un negocio ya no de grandes cárteles, sino que empiezan a verse una especie de 'mypes' delictivas”. Valdés considera que la Policía Nacional del Perú (PNP) no está tomando en cuenta esta realidad.
Con relación al control social y la vigilancia en las calles, Wilson Hernández considera importante trabajar en la presencia policial y en la planificación de estrategias de patrullaje efectivas. “Estamos todavía muy por debajo de la cantidad de policías que necesitamos, pero todas las estrategias de patrullaje a nivel local no son las que uno desearía tener, por la extensión de la ruta, las propias estrategias de patrullaje y por las formas en las que se construyen los mapas de delito, que son los que producen las rutas de patrullaje”, explica.
Hernández relata que otros países aplican el “patrullaje predictivo” que consiste en el análisis de información estadística sobre las zonas de ocurrencia de delitos. De estos se elaboran esquemas matemáticos para determinar dónde pueden aparecer y enviar patrulleros a esos lugares. “Esto en otros países está automatizado. Acá nosotros miramos para atrás, vemos donde ocurrieron los delitos, pero sin encontrar patrones y, sobre eso, algunas comisarías construyen su mapa de patrullaje”, expresó.
LA JUSTICIA COMO COMPLEMENTO DE LA POLICÍA
Para Lucía Dammert, se necesita con urgencia una reforma de la justicia porque “se concentra en los delitos donde hay un imputado conocido en caso de flagrancia, con lo cual la investigación criminal es muy baja, las capacidades efectivas de generar castigos que desincentiven el desarrollo de carreras criminales son pequeñas, hay altos niveles de corrupción y bajísimos niveles de eficiencia”
Ante esta situación, Dammert manifiesta que acciones como privatizar la seguridad o militarizarla no es lo óptimo. Asimismo, observa en nuestra política que las propuestas van por el populismo punitivo: más cárceles, más castigos y pena de muerte. "Todos sabemos que nada de eso funciona”, sentencia Dammert.
Como complemento a esta situación, “el Código Procesal Penal, todavía no se termina de implementar, y tenemos todavía zonas que operan con un código rezagado, e incluso en aquellos lugares donde funciona el código hay retrasos porque se han acumulado una gran cantidad de casos”, comenta Wilson Hernández.
El serenazgo es el complemento de la PNP en la vigilancia a través del patrullaje integrado o bajo las órdenes de sus municipios. Sin embargo, para Wilson Hernández, no le podemos pedir al sereno que cumpla el mismo rol de la policía. “Un sereno no tiene una formación larga, son personas que muchas veces tienen demasiada inestabilidad y no se les forma debidamente”. Hernández también desestima la idea de armar a los serenos con herramientas letales y no letales, pues no tienen formación para su uso e, inclusive, pueden poner en riesgo su integridad al enfrentarse a un delincuente armado.
Para Lucía Dammert, la seguridad otorgada por los distritos debe estar interconectada debido a que “de nada nos sirve tener un búnker de seguridad en San Isidro si en el distrito del costado no hay nada de seguridad. Necesitamos avanzar con mecanismos de coordinación y colaboración entre distritos”.
PROPUESTAS REALISTAS EN CAMPAÑA
Para Ricardo Valdés, desde nuestras próximas autoridades debe surgir un pacto político para otorgar al próximo ministro del Interior y al comandante General de la Policía una estabilidad de 5 años, “así como se le da al Defensor del Pueblo o a la Superintendencia de Banca y Seguros” y herramientas suficientes para la toma de decisiones a largo plazo. “Hay que calcular e invertir, y decirle aquí está la plata, acá está la voluntad política, aquí está su acuerdo, usted se queda 5 años y esto me lo arregla. Eso es lo que se requiere: acuerdo político, estabilidad en los gestores e inversión”, finalizó.
Los candidatos deberán responder ante esta problemática con propuestas integrales y nuestra clase política elegida tendrá que brindar todas las garantías para un proceso de pacificación a largo plazo. Aportemos con nuestro voto al objetivo de un país seguro y de oportunidades para todos.
Comparte esta noticia