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por Redacción RPP
·La controversia surge por el fallo judicial que ordenó inscribir a Unidad Popular fuera del plazo legal. El JNE advierte que estas decisiones ponen en riesgo la transparencia de los comicios y podrían abrir la puerta a una judicialización del proceso electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este viernes una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial, luego de que este último ordenara la inscripción del partido Unidad Popular para las Elecciones Generales 2026, pese a que la agrupación política presentó su solicitud fuera del plazo legal.
La acción fue aprobada por unanimidad en el pleno del organismo electoral y busca que el TC defina los límites de las competencias entre ambas instituciones.
Luego de presentar el documento, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo, señaló que "la sentencia del caso de Unidad Popular se está basando en una norma derogada. Además, dijo que el Tribunal tiene 10 días para poder calificar la demanda"
El constitucionalista Lucas Ghersi, miembro del equipo legal del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que "el objetivo de la demanda competencial es que el Tribunal Constitucional declare que el calendario electoral es intangible para que la elección se lleve a cabo sin ningún tipo de contratiempo"
El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, sostuvo que la medida no responde a un enfrentamiento institucional, sino a la necesidad de proteger la transparencia y la seguridad jurídica del proceso electoral.
“Nuestras resoluciones en materia electoral deben ser irrevisables. Permitir que el Poder Judicial las modifique vía amparos o medidas cautelares rompe el calendario electoral y genera inestabilidad en el proceso”, señaló Burneo en declaraciones a RPP.
El recurso presentado al TC busca que se ratifique que las decisiones del JNE son definitivas y no revisables, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones.
El constitucionalista Domingo García Belaunde, integrante del equipo legal del JNE, explicó que el Poder Judicial habría excedido sus atribuciones al ordenar la inscripción de una agrupación política fuera de plazo.
En la misma línea, el abogado Lucas Ghersi advirtió que este precedente podría abrir la puerta a que otros partidos intenten forzar su inscripción por vía judicial, debilitando la autoridad del sistema electoral.
Riesgos para el proceso electoral
Con la presentación de la demanda, el JNE busca frenar lo que considera una amenaza al proceso electoral. Entre los riesgos identificados están:
Alteración del cronograma electoral: se podrían reabrir etapas ya cerradas.
Judicialización de las elecciones: más partidos podrían acudir al Poder Judicial para revertir decisiones del JNE.
Inseguridad jurídica: la falta de certeza afectaría la equidad y la transparencia de los comicios.
El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite la demanda y, posteriormente, pronunciarse sobre el fondo del asunto.
En el programa Prueba de Fuego, Duberlí Rodríguez, representante del partido Unidad Popular, señaló que la demanda de amparo se tiene que cumplir, incluso antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional: "Los jueces del Jurado Nacional de Elecciones no están siendo imparciales, han dejado fuera de carrera a tres partidos que habían cumplido con todos los requisitos para evitar que participen en las elecciones generales".
Además, dijo que se pretende favorecer a los partidos de derecha "aceptando una tacha maliciosa y de mala fe. A nosotros nos ha eliminado porque el Jurado Nacional Elecciones ha hecho un trato abusivo con el uso de tachas".
Por su parte, el congresista Fernando Rospigliosi, expresidente de la comisión de Constitución, dijo a El poder en tus manos que "el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia en procesos electorales y hay una indebida injerencia del Poder Judicial en este tema". Para el parlamentario, el Poder Judicial no puede obligar al Jurado Nacional de Elecciones aceptar la solicitud de Unidad Popular ni a ningún grupo político que ha sido rechazado por la institución electoral.
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