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En Ampliación de Noticias de RPP, el experto en derecho electoral se pronunció sobre las diligencias fiscales iniciadas en contra de Fuerza Popular y País Para Todos, a raíz de las denuncias de dos ciudadanos.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación, inició diligencias preliminares en contra los partidos políticos Fuerza Popular y País Para Todos, luego de que dos ciudadanos presentaron una solicitud para que se declare su ilegalidad por presunta conducta antidemocrática.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, encargó al fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado, llevar adelante las investigaciones recabando toda la información necesaria que ayude a determinar que, efectivamente, ambas organizaciones políticas infringieron la ley.
En ese contexto, en Ampliación de Noticias de RPP, el abogado experto en derecho electoral, José Naupari, dio a conocer su punto de vista frente a esta decisión que llegó, luego de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó a elecciones.
“El Ministerio Público está haciendo este procedimiento para determinar si van a ejercer la competencia para solicitar a la Corte Suprema, que se declare la ilegalidad por conducta antidemocrática de estas organizaciones políticas. A mi juicio, [el Ministerio Público] no estaba obligado a hacerlo, porque es un procedimiento que se inicia de oficio y es una competencia exclusiva del Ministerio Público, compartida con la Defensoría del Pueblo. Tranquilamente, ellos recibían la denuncia y podrían haber determinado que no se enmarca dentro de los supuestos para que yo, como Ministerio Público, pueda solicitar la declaratoria por conducta ilegal”, señaló.
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Recordó que los pedidos de nulidad no responden específicamente a delitos como terrorismo o tráfico ilícito de drogas, ya que la Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 14.1 va más allá, advirtió.
“Señala que si se vulnera sistemáticamente libertades o derechos porque promueve, justifica o exculpa atentados contra la vida de las personas o promueve la persecución de personas, o legitima la violencia con fines políticos; también puede plantearse la declaratoria por conducta antidemocrática”, detalló.
Para Naupari, el Ministerio Público “está forzando la figura prevista en la ley para evaluar este tipo de pedidos. Es responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial proceder con responsabilidad y con mucho cuidado al momento de pedir la nulidad o ilegalidad de partidos”
Las razones de los denunciantes
Por el lado de Fuerza Popular, la solicitud fue presentada por la ciudadana Beatriz Cano, quien acusa a la agrupación de incurrir en una conducta antidemocrática en tres situaciones específicas: los casos ‘Cócteles’ y ‘Mamanivideos’, así como las alegaciones no probadas de fraude en las Elecciones Presidenciales de 2021, en las que Pedro Castillo se impuso sobre la lideresa de FP, Keiko Fujimori.
Y por el lado de País Para Todos, el pedido fue presentado por el exmilitante del partido A. N. T. A. U. R. O. Javier Sulca, quien presuntamente ha manifestado públicamente mensajes de odio por parte de uno de sus militantes más populares, el comediante Carlos Álvarez.
"No son acciones penales"
A raíz de las críticas que el Ministerio Público ha recibido por esta decisión de parte de los líderes de ambas agrupaciones políticas, el fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel Cruzado, descartó que las diligencias anunciadas por fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sean acciones penales, precisando que solo se trata de procedimientos.
“Las acciones que estamos llevando a cabo son procedimientos y no acciones penales, las hemos iniciado a pedido de dos ciudadanos. Son solicitudes presentadas contra dos partidos políticos”, manifestó.
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El machismo nace y se reproduce en los hogares, con las jerarquías, las limitaciones de libertades y la mala distribución de tareas domésticas.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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