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El adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, señaló que las medidas adoptadas por el Estado no han sido suficientes.
El adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, señaló que desde el año 2020 se han registrado 19 muertes de personas defensoras de los derechos humanos. Dentro de este grupo se encuentra el líder indígena Quinto Inuma, que fue asesinado por desconocidos que le dispararon en presencia de su esposa e hijos.
"En el caso del líder indígena Quinto Inuma, hemos observado que la reacción estatal no ha sido como debió ser. Tenemos un sistema de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y este sistema no ha sido eficaz, ni eficiente. Estamos convencidos desde la Defensoría que el Estado en su conjunto, a través del Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, ha tomado nota para que esta situación deje de repetirse. Las medidas que se adoptaron no fueron suficientes y terminó con el fallecimiento de esta persona", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Nosotros como Defensoría venimos realizando una supervisión desde el año 2020 a este escenario. En el grupo de personas defensoras de los derechos humanos tenemos registrados 19 decesos. Los 19 están judicializados y en este grupo está el señor Quinto", agregó.
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75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
En el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carlos Fernández detalló las funciones de la Defensoría sobre este tema en particular.
"Hoy se cumplen 75 años de la emisión del primer documento que rige a toda la humanidad y es la base de los derechos humanos. Estamos en un proceso de consolidación. Nuestra Defensoría es una institución que tiene por encargo la defensa de los derechos humanos de acuerdo a nuestra Constitución Política y también es el ente supervisor de los deberes de la administración estatal para que los derechos humanos sean respetados, cumplidos y disfrutados por la población", manifestó.
"Todas las instituciones que conforman el aparato estatal están en la obligación de respetar los derechos humanos. Ello, con base en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos", finalizó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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