A diez años del ‘Baguazo’, ninguno de los casos tiene un fallo firme

El 5 de junio de 2009, un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y ciudadanos indígenas y mestizos cobró un saldo fatal en la provincia de Utcubamba, cerca del distrito de Bagua Grande, en Amazonas. El hecho, en el que se contabilizaron oficialmente 32 muertos y una desaparición, es recordado como ‘Baguazo’ y, pese a haberse registrado hace exactamente diez años, aún no existe una sola sentencia firme sobre las responsabilidades penales. De hecho, en algunos casos, no hay siquiera un proceso judicial encaminado.

Los expedientes fiscales y los informes posteriores (de las comisiones que se crearon en el Congreso y de la Defensoría del Pueblo) señalan que las movilizaciones por parte de las comunidades amazónicas iniciaron el 9 de abril de 2009, extendiéndose hasta el día del desalojo que ejerció la Policía en el kilómetro 5 de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

El paro amazónico estaba motivado por las normas sobre explotación de tierras que había emitido el Gobierno de Alan García, luego de que el Congreso le otorgara facultades para legislar. El 3 de junio, el entonces presidente se reunió en sesión de Consejo de Ministros, donde se decidió un operativo policial en la zona. La accidentada intervención generó, días después, las renuncias del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. En su momento, también se señaló la responsabilidad política de la ministra de Comercio Exterior de entonces, Mercedes Aráoz, quien actualmente es congresista y vicepresidenta del Perú. 

Este miércoles, la PCM emitió un comunicado en el que recuerda los sucesos del 'Baguazo', pero tan solo enfatiza que el Estado se ha encargado -desde 2013- de reforzar la relación con las comunidades nativas en general e impulsar procesos de consulta previa. 

Los casos del ‘Baguazo’

Caso 1.- El asesinato de policías en la ‘Curva del Diablo’

Este es el único caso que se ha resuelto en primera instancia en el Poder Judicial. El 22 de setiembre de 2016, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua absolvió de ocho delitos a los 53 ciudadanos indígenas y mestizos acusados de asesinar a diez policías en la zona de los enfrentamientos.

De acuerdo con la resolución de la Sala, las pericias no determinaron la responsabilidad directa de quienes supuestamente utilizaron las armas ni sustentaron los elementos que exige el homicidio calificado. Además, el tribunal validó como atenuante de responsabilidad penal el hecho de que los imputados, por su condición cultural, desconocieran en cierto grado la consecuencia legal de sus acciones.

El fallo, que fue apelado por la Fiscalía y la Procuraduría de Orden Público del Ministerio del Interior, sigue en revisión de la Corte Suprema. Será la Primera Sala Penal Transitoria la que finalmente ratifique o revoque esa absolución. De acuerdo con Juan José Quispe Capacyachi, abogado del Instituto de Defensa Legal y representante de cuatro líderes indígenas procesados, este caso corre el riesgo de que se declare nulo y pase a fojas cero con respecto a cuatro delitos.

“A fines del 2018, la Suprema emitió dos resoluciones que nos sorprendieron mucho. La primera resolución estableció que, por los cuatro delitos más graves -asesinato, lesiones graves, entre otros- la absolución se ratifica. Sin embargo, en la otra resolución, nos indican que hay discordancia de votos en cuanto a los cuatro delitos restantes”, señaló Quispe.

Según precisó el abogado, existen tres votos supremos a favor de revocar el fallo de primera instancia. Pese a que se trata de una mayoría en un grupo de cinco jueces, la ley establece que haya un sexto magistrado dirimente. Quispe explica que ha sido citado el próximo 26 de junio para que la sexta jueza -Iris Pacheco Huancas- oiga un último informe oral y tome posición en un plazo de 15 días. “Si la doctora se inclina por el voto en mayoría, que son tres, se declara nulo y se abre nuevo juicio. Pero si inclina su voto por la posición en minoría, habría un empate y se necesitaría un nuevo juez dirimente”, dijo a RPP Noticias.

Raúl Lunasco Cabezas, abogado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), afirma que en este caso no hubo evidencia que incrimine directamente a los procesados y que el factor cultural es relevante. “La responsabilidad tiene que ser fehacientemente verificada para hacer pasible de una sanción penal. Lamentablemente, en este proceso no hubo. Tenemos que tomar en cuenta que, muy aparte de la comprobación criminalística que no hubo, estamos ante un caso de resistencia validado por la pericia antropológica que se hizo. Los hermanos awajún wampis estaban defendiendo su territorio, como lo ha hecho el pueblo amazónico desde hace muchos siglos”.

Caso 2. El homicidio de civiles en la ‘Curva del Diablo’

Por estos hechos se investiga a seis efectivos policiales por ser presuntos autores mediatos del homicidio simple de diez civiles (cinco ciudadanos indígenas y cinco mestizos). En un inicio, fueron siete los oficiales implicados, pero posteriormente se archivó el caso de uno por falta de pruebas incriminatorias. Este caso cuenta con acusación fiscal desde febrero de 2019. En abril pasado, pasó control de acusación en el Poder Judicial y tan solo se espera decisión sobre la fecha de apertura del juicio oral. Por cada implicado, se piden 25 años de prisión efectiva.

Aquí se están considerando solo los delitos de homicidio simple y lesiones graves, pues ya prescribieron las lesiones leves que habrían perjudicado a más de 180 manifestantes civiles.

Caso 3. Secuestro y homicidio en la Estación 6 de Petro-Perú

Recién este año empezó la etapa de declaración de testimonios por la retención de 38 efectivos de la Policía Nacional y el asesinato de diez de ellos tras la toma de la Estación 6 del Oleoducto Peruano Nororiental de Petro-Perú. De acuerdo con las investigaciones, un grupo de 25 indígenas arrebató las armas de los agentes policiales, los secuestró y luego forzó a algunos a subir a un monte para asesinarlos.

El abogado de IDL, Juan José Quispe, aclara que el grupo de presuntos homicidas era distinto al que había llegado en un primer momento a la Estación 6 y que el secuestro nunca se comprobó. “La turba que ingresó desconoció a los líderes indígenas, que eran cinco, y tomaron de rehenes a los policías. La Fiscalía no ha podido demostrar que los policías hayan sido secuestrados. Hay documentos que demuestran que había relevo [de policías] y que inclusive llegaban y se iban por turnos en helicóptero. Lo mismo hacían los funcionarios de Petro-Perú. En cuanto al asesinato de los policías, sí se conoce que un grupo de indígenas tomaron por asalto la Estación 6 y derribaron a los líderes. De estos últimos, no se ha probado su participación en el crimen contra los policías”.

Una de las testigos citadas para este juicio es la exministra del Interior, Mercedes Cabanillas Bustamante. El abogado Juan José Quispe indica que la exfuncionaria no se ha presentado en las últimas citaciones, por lo que para la siguiente audiencia -programada para este 7 de junio- ha sido llamada de grado fuerza.

Caso 4. Desaparición del mayor Felipe Bazán

El mayor PNP Felipe Bazán Soles fue torturado y desaparecido durante los enfrentamientos del 5 de junio. A más de dos años de ignorarse su paradero o la ubicación de sus restos, el Código Civil lo reconoce como fallecido. La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Bagua, a cargo del caso, todavía no ha emitido una acusación.

El caso de Bazán es el más dramático por encontrarse en el limbo fiscal. Dentro de las pericias en torno a la desaparición del policía, están comprendidas seis personas. Cinco de ellas son ciudadanas indígenas, según precisa Quispe, y una más es un ciudadano mestizo. Uno de los investigados es Asterio Pujupat Wachapea, quien aparece junto a Bazán en una foto donde se observa a este último aún con vida. Otro de los investigados como presuntos homicidas es Juan Ramón Cruz Cotrina, quien llegó a autoinculparse luego de su detención el 2013. No obstante, su relato no permitió resolver el caso.

"El caso 'Baguazo' es parte de la historia negra de nuestro país, en la que lamentablemente perdimos a más de 30 hermanos peruanos. Unos, defendiendo quizá el orden público y siguiendo una línea política mal ejecutada; otras, defendiendo, incluso con la vida, lo más preciado que tenían: su tierra. La demora en el acceso a la justicia es una especie de pena psicológica para todos los justiciables, tanto para investigados y procesados como para los deudos. Es lamentable que, pese a regir los principios de plazo razonable, proporcionalidad y debido proceso, aún no tengamos nada después de diez años", afirmó el abogado Raúl Lunasco.