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por José Flores
·La presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez anunció el 19 de noviembre que se iniciará el proceso de cierre de cuatro minas en Ayacucho. Sectores políticos y empresariales reaccionaron acusando al gobierno de generar inestabilidad e ir contra las inversiones.
El último viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que no habrá "ninguna ampliación más" para "la exploración y explotación" de cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho, a donde acudió a conversar con comunidades en conflicto con las empresas Ares, Apumayo y Sami. "Vamos a exigirle que terminen y cierren", dijo la ministra en un acto público en Cora Cora, en la provincia de Parinacochas (Ayacucho) en medio de los aplausos de dirigentes y pobladores.
El encuentro terminó con el acuerdo de la creación de una comisión que se encargará de negociar el inicio del plan de cierre -un mecanismo legal que regula el cese de operaciones mineras- de las minas Inmaculada, Pallancata (Ares), Apumayo y Breapampa (Sami).
Sectores políticos y empresariales reaccionaron al anuncio acusando al gobierno de generar inestabilidad e ir contra las inversiones con una medida que calificaron de “unilateral y arbitraria”.
¿Qué es el plan de cierre de minas?
El exministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, explicó a RPP Noticias que el plan de cierre de minas "es un plan de gestión que toda operación minera en el Perú debe tener y requiere para operar".
Indicó que consiste en un plan de trabajo para realizar el cierre de operaciones una vez que la empresa concluya con la extracción y procesamiento de mineral en un yacimiento.
Este proceso tiene tres etapas: cierre progresivo, cierre final y poscierre. El primero se da durante el tiempo de vida de la mina, mientras se van remediando daños en las zonas de extracción ya explotadas. En este periodo "se busca reducir el impacto ambiental sin esperar a que la vida de la mina concluya", precisa Incháustegui.
El cierre final se inicia cuando concluye el proceso de extracción minera y "se da inicio a la remediación de toda la zona que ha sido disturbada por la actividad minera". Esta etapa puede durar varios años, dependiendo del tamaño de la mina.
"Demanda no sólo la reposición de los suelos sino el tratamiento de las aguas, el cierre de los campamentos, plantas y equipos que están en la zona de operación", dice el exministro.
La etapa del pos cierre "consiste en el mantenimiento de los componentes que necesariamente requieren un manejo por muchos años más hasta lograr que el impacto sea eliminado o reducido a su mínima expresión". El objetivo de este instrumento de gestión es lograr que las minas en el Perú no generen nuevos pasivos ambientales.
El plan de cierre de minas se estableció con la ley 28090 en 2003 y en agosto de 2021 se realizaron modificaciones con la ley 31347. En 2005, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) creo el reglamento de la ley y exigió a partir de entonces la presentación de los planes de cierre a las empresas mineras.
Los actores que intervienen en el proceso son las empresas mineras, el Estado a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), este último con el encargo de supervisar a las minas de forma periódica e inopinada para velar por la correcta ejecución del plan de cierre.
Además, como una garantía al Estado, las empresas tienen que presentar una carta fianza que cubra el monto del plan de cierre de minas. La garantía se va actualizando en la medida que el plan de cierre se va ejecutando.
¿Cómo opera el plan de cierre?
Sobre la flexibilidad de los planes de cierre, Incháustegui dijo que son documentos que se van "actualizando en el tiempo en función de los nuevos descubrimientos de mineral" y se aprueban siempre y cuando la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros" evalúe y dé el visto bueno técnico a las solicitudes de las empresas. Los cambios que se consideren en la actualización del plan "también deben pasar por un proceso de participación ciudadana", explica el exministro.
Rómulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas sostuvo que todas las minas sin excepción "siguen buscando recursos" mientras operan y si los encuentran "el plan de cierre se alarga en el tiempo".
Por su parte, Magaly Bardales, presidenta del Comité Minero de la SNMPE, dijo a RPP que el plan de cierre "no es un instrumento estático" y siempre que las empresas cumplan todos los requisitos legales pueden operar por más tiempo. Al respecto, indicó que dos operaciones de la empresa Ares -mencionada por Mirtha Vásquez en su plan de cierre- han presentado una modificación de estudio de impacto ambiental y una modificación de plan de cierre, para ampliar el tiempo de sus actividades.
¿Medida arbitraria del Gobierno?
Gremios como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresaron su "rotundo rechazo contra la medida arbitraria e ilegal realizada por la primera ministra, Mirtha Vásquez" y por tomar decisiones que no le corresponderían. Además, la Confiep lamentó que "desde la PCM se esté utilizando políticamente un instrumento técnico que debe manejarse conforma a las leyes que aplican a la industria”.
Al respecto, Mirtha Vásquez negó estar asumiendo funciones de otras instancias del Estado, pues, según dijo a una entrevista al diario la República, ha recibido información del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, organismos competentes en el tema. "No hay una extralimitación de mis funciones porque yo no estoy ordenando nada ni decretando nada. Lo que hago es informar lo que existe en las resoluciones", dijo y aseguró que las cuatro mineras ubicadas en Ayacucho "ya están en proceso de cierre" y "no tiene que consultarse" nada.
"Legalmente existen etapas de la minería y el plan de cierre sirve para tener certezas y planificar. No es verdad que sea una cosa flexible y que unilateralmente la empresa minera pueda decidir extenderlo hasta donde estime conveniente", dijo.
Rómulo Mucho señalo a RPP Noticias que con este anuncio la titular de la PCM "ha infringido la ley, ha actuado de manera ilícita y arbitraria" por "seguramente alguna presión como las que tienen casi todas las minas".
"Hay grupos que realmente se oponen a la actividad, por chantaje y extorsión, como hemos visto en los últimos años en la minería peruana [...] Vemos aquí un sesgo ideológico y político para aplicar de manera unilateral el cierre de cualquier mina", dijo y lamentó que la decisión afecte el desarrollo de la minería, el ingreso de divisas al país y la generación de empleo.
Bardales señaló que la medida sería arbitraria porque de cumplirse con todos los requisitos del plan de cierre de operaciones, que es flexible, "la autoridad competente está obligada a dar aprobación".
"Anunciar y establecer que se va a cerrar la operación en función a un plan de cierre aprobado, es en realidad aceptar y atentar contra los derechos de un titular minero, que son derechos que le otorgan las concesiones para la operación y ampliación mientras haya vida útil (en la mina)", dijo.
Además, recordó que la minería es la actividad más regulada "con más de 200 procedimientos administrativos ante 29 instituciones del Estado" y por eso es necesario que tenga predictibilidad en sus operaciones y seguridad jurídica en sus inversiones.
Para el exministro Incháustegui la controversia por el anuncio del plan de cierre de las minas se ha generado por un problema de comunicación. Explicó que en el acta firmada por la presidenta del Consejo de Ministros y los dirigentes ayacuchanos ha mezclado dos temas: El cierre de una operación minera y la supervisión del plan de cierre de una mina.
Indicó que al inicio del acta se señala que las operaciones mineras deben cerrarse y retirarse, pero luego se indica que se revisarán los planes de cierre y que se coordinará reuniones con las empresas mineras para que informen sobre cómo se cumplirá con el plan que cada una de ellas tiene aprobado.
Explicó que por ello, posteriormente el gobierno ha emitido algunos comunicados y ha concedido entrevistas en las que aclaran que "respetarán los planes de cierre aprobados y que si las empresas solicitan una ampliación del plan de cierre de minas, este será revisado por la DGAAM y si cumple con los requisitos ambientales y sociales será aprobado".
En esa línea, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, dijo en la víspera que las empresas mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa pueden solicitar la ampliación de los plazos de cierre de minas, a través de las entidades competentes, en el marco del cumplimiento de la ley.
Señaló que estas cuatro operaciones mineras tienen fechas para el cierre progresivo, cierre final y para poscierre y que de ninguna manera se está vulnerando el cumplimiento de esas fechas.
Chávez Cresta señaló que está convocando a una reunión para esta semana a las tres empresas mineras que tiene a su cargo estas cuatro operaciones, para abordar el tema del plan de cierre de minas.
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