Álvaro Rodas, fiscal especializado, alerta sobre el impacto de la falta de recursos y el límite legal de 5 años para investigar el crimen organizado. Indicó que se ha propuesto la creación de siete nuevas "fiscalías especializadas en bandas" para lo que se requiere presupuesto.
El combate efectivo contra la criminalidad organizada en el Perú requiere de una "correlación entre la actuación de la Fiscalía y de la Policía Nacional del Perú (PNP), porque ambos se tienen que complementar", afirmó el fiscal especializado Álvaro Rodas en el programa Prueba de Fuego de RPP.
Rodas advirtió que si las autoridades intentan "distanciar a ambas instituciones, lo único que vamos a perder es la lucha contra la criminalidad".
Esta declaración surge en un contexto donde el número de delitos de extorsión se ha "incrementado significativamente", lo cual, de acuerdo al fiscal, es un hecho que no se puede desconocer.
Rodas destacó que, en el ámbito especializado, la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Nacional mantienen una concordancia de actuación "casi plena", calificando la investigación conjunta como un "binomio perfecto".
Al respecto, dijo que existe confianza en el trabajo de las unidades especializadas tanto del Ministerio Público como de la PNP. Sin embargo, apunto que el problema es "lo externo".
Rodas reconoció que críticas que se hacen desde el Poder Ejecutivo a la Fiscalía generan distancias. No obstante, indicó que, pese a las dificultades, se avanza "en buen camino", aunque admitió que el ciudadano de a pie no siente que el trabajo sea eficiente debido a la realidad que se vive en las calles.
Limitaciones presupuestarias, sobrecarga de casos y marco legal
Para que las instituciones puedan responder de manera más eficiente y cercana a la población, el "primer punto fundamental es la falta de presupuesto", dijo Rodas y reveló que, actualmente, la Fiscalía de Crimen Organizado está solicitando a la Fiscalía de la Nación la creación de siete fiscalías especializadas en bandas criminales.
Esta iniciativa busca atender de manera directa los casos de delitos violentos, como la extorsión. La solicitud se debe a que la asignación de competencias para investigar delitos de banda ha traído una sobrecarga de trabajo, desviando recursos de la lucha contra el crimen organizado propiamente dicho.
La viabilidad de estas nuevas fiscalías, tras el proceso interno en la Junta de Fiscales Supremos, depende del presupuesto que le asigne el Ejecutivo, subrayó.
Otro obstáculo significativo señalado por Rodas es el marco legal referente a la pena mínima. El fiscal señaló que la Convención de Palermo establece que los delitos graves deben tener un estándar mínimo de 4 años de pena. Al respecto, indicó que, si bien la legislación peruana trabajaba anteriormente con ese criterio, una modificación legal subió la valla inicialmente a 6 años, y luego, mediante la Ley 302138, se bajó a 5 años.
Rodas señaló que este límite de 5 años "sigue siendo un problema de verificación". Por ejemplo, la minería ilegal—el delito que "mayor ganancias económicas le está generando a la criminalidad"— tiene una pena mínima de 4 años.
En ese sentido, explicó que ese límite impide investigar la minería ilegal propiamente dicha como crimen organizado, a menos que existan agravantes que eleven la pena.