El abogado penalista señaló que uno de los problemas más graves de los centros reales de rehabilitación es el hacinamiento, condición que genera "círculos de corrupción" e "impide que se implementen adecuadas medidas educativas y sociales".

El abogado penalista Andy Carrión consideró que uno de los principales problemas de los centros de rehabilitación de menores es el hacinamiento. Ello, debido a que no se puede tener un control adecuado y estos centros terminan por convertirse en "escuelas del crimen".
"Jurídica y constitucionalmente tienen el deber de servir de centros de rehabilitación, de reinserción de adolescentes a la sociedad, después de haber cometido algún tipo de infracción. Pero la práctica nos rebasa, porque en lugar de ser centros reales de rehabilitación son como escuelas del crimen, porque están en contacto con personas que no necesariamente están rehabilitadas y aprenden más bien nuevas técnicas para cometer ya no infracciones, sino delitos", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
"El problema logístico y el problema económico son los principales problemas que no solo tienen los centros penitenciarios y de rehabilitación juvenil, sino casi todas las instituciones públicas que conforman el sistema de persecución pública del delito. Sin embargo, si hablamos específicamente de los centros de rehabilitación y penitenciarios, tenemos que conducirnos al principal problema, que es el hacinamiento", manifestó.
"El hacinamiento genera círculos de corrupción, impide que se implementen adecuadas medidas educativas y sociales dentro de un determinado penal. También incide en la falencia de personal para que se dediquen a implementar estas medidas sociológicas, que son necesarias", agregó.
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"Nuestro país responde a una tradición más proteccionista"
En otro momento, Carrión comentó que si bien en países como en Estados Unidos se puede condenar hasta con pena de muerte a delitos cometidos por menores, nuestro sistema jurídico es proteccionista, por lo se debe un respeto irrestricto a la Constitución.
"En países como Estados Unidos está permitido la cadena perpetua para menores de edad e incluso la pena de muerte, dependiendo de la gravedad de los hechos. Su sistema lo permite, la Constitución lo ha avalado durante muchos años y es un precedente ya establecido dentro de ese sistema (common law o derecho angloamericano)", aseveró.
"Sin embargo, nuestro país responde a una tradición distinta, que es una tradición más proteccionista, que se debe al respeto a la Constitución, que dice que un menor de edad solamente responde como infractor y a partir de los 18 años recién se convierte en un delincuente, además de que somos parte de muchos convenios internacionales", indicó.
"En el caso de El Salvador, se necesitaban medidas superlativas que intenten restablecer el Estado de Derecho, porque era un Estado de Derecho fallido. Por tanto, se aplicó el Derecho Penal del Enemigo, que no está dirigido al ciudadano común y corriente al que se le garantizan todos sus derechos, sino va dirigido a la supervivencia del propio Estado; es decir, luchar contra un enemigo que intenta soliviantar, subvertir el orden constitucional. Y para si quiera obedecer las reglas mínimas tienes primero que combatir a estas personas", finalizó.
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