En el programa Prueba de Fuego, el titular del Consejo de Ministros cuestionó el rol del Ministerio Público en las investigaciones a efectivos de la Policía que usen sus armas de reglamento. Dijo también que esta iniciativa que impulsa el Gobierno es una herramienta legal que ampara a los efectivos en la lucha contra la criminalidad.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, consideró este lunes como una herramienta legal en amparo de la Policía y Fuerzas Armadas, la iniciativa del Gobierno para que los efectivos que usen sus armas de reglamento solo puedan ser juzgados por los fueros de sus instituciones.
En declaraciones a Prueba de Fuego de RPP, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que es increíble que desde el Ministerio Público se denuncie a los efectivos policiales que utilicen sus armas de reglamento en el cumplimiento de sus funciones, por lo que señaló que los agentes necesitan de este marco legal para que “no sean perseguidos”.
“Quieren que persigamos al crimen, pues démosles herramientas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas herramientas legales para que luego de su actuar no sean perseguidos”, indicó.
Defiende iniciativa del Ejecutivo
Sostuvo, en ese sentido, que se está defendiendo a los agentes de la Policía que sean investigados por este motivo y dijo que la propuesta del Ejecutivo es “excelente” para el momento que afronta el país por la crisis de inseguridad.
“Desde el Poder Ejecutivo se está promoviendo esta ley, porque nosotros ya lo intentamos. Presentamos un proyecto de ley sobre sicariato, secuestro y extorsión, un agravamiento severo de las penas y había una disposición complementaria que contenía esta norma que estamos comentando, no la aceptó el Congreso y ahora vamos a insistir con un proyecto de ley, una reforma constitucional que expresamente lo señala y yo estoy convencido que es una excelente norma para un momento como este”, señaló.
Asimismo, manifestó su desacuerdo con el trabajo que realiza el Ministerio Público, por lo que a su criterio es importante que la Policía retome su facultad investigadora, que fue aprobada en segunda votación por el Congreso en la primera semana de setiembre.
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