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No obstante, el premier Eduardo Arana indicó que en el Gabinete "hay una evaluación favorable" sobre la ley de amnistía impulsada por el Congreso. Respecto a la Corte IDH dijo que "no puede haber intervención" externa en las "potestades" del Parlamento y el Ejecutivo.
El presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, en entrevista exclusiva con RPP, se pronunció en torno a la Ley de Amnistía para miembros de las FF.AA., la PNP y los comités de autodefensa procesados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
Como se sabe, la autógrafa de dicha norma impulsada por el Congreso fue remitida a la presidenta Dina Boluarte el pasado 21 de julio, por lo que tendría hasta el próximo 15 de agosto para promulgar la ley u observarla.
No obstante, la mandataria ya se ha pronunciado a favor de su promulgación, al igual que varios ministros de Estado. Ayer, en RPP, el ministro de Vivienda Durich Whittembury indicó que la ley ya ha sido abordada favorablemente en Consejo de Ministros y reiteró que se promulgará.
No obstante, el premier indicó que todavía se está evaluando, aunque reconoció que "existe una posición muy favorable de varios de los ministros", ya que coinciden con el Parlamento en la necesidad de dicha norma, por lo que confirmó que hay una inclinación a promulgarla
"Lo más probable es que, dentro del marco que nosotros consideramos, que además la amnistía es una potestad del Congreso, hay una evaluación favorable. Sin embargo, todavía estamos en ese periodo [...] Estamos en una evaluación", indicó.
"Existe una posición muy favorable de varios de los ministros en que asumimos que hay una coincidencia con lo que expresa el Congreso de la República. Y eso es una coincidencia", sostuvo.
Retiro del Perú de la Corte IDH "es un debate abierto"
Por otro lado, el premier indicó que uno de los compromisos que él asumió, "atendiendo a la preocupación de la ciudadanía y de algunos congresistas", fue la conformación de una comisión que evalúe un eventual retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), instancia supranacional que está compuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D. C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica. En ese sentido, sostuvo que es un debate "abierto" dicha posibilidad.
"En efecto, uno de los compromisos que yo asumí, atendiendo a la preocupación de la ciudadanía y de algunos congresistas, efectivamente, se coordinó, tanto con el Ministerio de Justicia como con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de que demos apertura a una comisión que escuche. Es un debate que está abierto", sostuvo.
Cabe resaltar que, el último viernes, el canciller Elmer Schialer indicó que dicha comisión realizará actos preparatorios, tras lo cual se "instalará formalmente" y que el proceso de evaluación será "lo más rápido posible".
"Vamos a consultar a toda la población, es decir, a la academia, a las organizaciones civiles, a los colegios profesionales. Es decir, una vez terminados estos actos preparatorios, se va a instalar formalmente esta comisión y va a empezar sus trabajos”, indicó.
"Yo he dispuesto que esto se haga lo más rápido posible, así que estamos haciendo esto a marcha forzada. Yo creo que esto va a ser muy, muy rápido", agregó.
Sobre resolución de la Corte IDH: "No puede haber intervención de ningún país y ningún órgano"
Por otro lado, el premier volvió a pronunciarse sobre la reciente resolución de la Corte IDH, en la cual se requirió al Estado peruano que "suspenda inmediatamente" el trámite del proyecto de ley de amnistía del Congreso, hasta que la Corte se pronuncie sobre una solicitud de ampliación de medidas provisionales formulada por los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y sobre el impacto que tendría la norma para dichos casos.
Al respecto, Arana Ysla indicó que la sentencia por los casos Barrios Altos y La Cantuta es de 2001 y que "no hay ningún tribunal en el mundo que, una vez que esté expedida una sentencia, pueda volver sobre su sentencia [y] expedir nuevos fallos".
"Eso es algo inusual, eso es algo que no existe en un tribunal de ninguna parte del mundo", resaltó.
"Lo que ha pasado es que el propio tribunal ha creado un mecanismo que se llama ‘seguimiento de los expedientes para ver si estos se cumplen’. Correcto, está muy válido, pero el seguimiento se hace sobre la base de aquellas disposiciones que fueron emitidas en la sentencia", agregó.
En ese sentido, indicó que, "bajo la óptica de la separación de poderes, desde el punto de vista internacional, pero además desde el punto de vista interno, no puede haber intervención de ningún país y ningún órgano que pretenda afectar las potestades tanto del Congreso como del Ejecutivo".
Arana indicó que el Ejecutivo tiene "la potestad soberana" para "dentro de sus facultades" disponer que la ley de amnistía impulsada por el Congreso "se firme o no".
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