En ‘Ampliación de Noticias', el abogado Carlos Caro señaló que el Gobierno, al interpretar una denegatoria de confianza, podría optar por disolver el Parlamento, si se rechaza este recurso por segunda vez.
En su mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo consideró que la Mesa Directiva del Congreso denegó la cuestión de confianza planteada por su entonces primer ministro, Aníbal Torres, al aceptar la renuncia de su premier y anunciar la recomposición del Gabinete Ministerial.
“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien agradezco su preocupación y el trabajo del país, renovaré el Gabinete”, dijo anoche el mandatario desde Palacio de Gobierno.
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro señaló que, con este anuncio, el jefe de Estado ha dejado entrever que el Parlamento ya utilizó la famosa “bala de plata”.
“El presidente señala que se ha denegado la confianza a un Gabinete; es decir, la bala de plata está en curso. Faltaría una segunda denegatoria para que él pueda disolver el Congreso. Más allá de las formas, los papeles y los idas y vueltas del Gabinete, no cambia la esencia del mensaje dado ayer por el presidente”, señaló el letrado en ‘Ampliación de Noticias’.
¿Cierre del Congreso?
En esa línea, Caro estimó que, probablemente, Castillo Terrones podría “empecinarse” y plantear otra cuestión de confianza ante el Congreso, que, de denegar por segunda vez este mecanismo, correría el riesgo de ser cerrado.
“El presidente se empecina la próxima semana con otro proyecto de ley u otra moción de confianza; la entiende por denegada, incluso fácticamente, y podríamos tener un cierre del Congreso”, señaló.
No obstante, el abogado señaló que el presidente Castillo incurriría en un delito penal e infracción constitucional, si opta por un eventual cierre del Congreso, puesto que, a inicios del año, el Parlamento aprobó por insistencia la Ley 31355, que regula los escenarios en los cuales el Ejecutivo puede presentar una cuestión de confianza.
“A mi entender, estamos ante un caso donde puede plantearse una cuestión constitucional y penal, porque un cierre ilegal del Congreso es un acto de abuso de autoridad y, en primer término, la Fiscalía puede abrir una investigación contra el presidente”, puntualizó.
Las motivaciones del Parlamento para rechazar cuestión de confianza
En sesión del pleno del Parlamento, el titular del Legislativo, José Williams, dijo que se acordó por mayoría esta decisión "por tratarse de materias prohibidas para su planteamiento".
Además, sostuvo que también han "exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la cuestión de confianza".
El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, presentó el pasado 17 de noviembre una cuestión de confianza sobre la aprobación del “Proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo” y busca derogar la Ley 31399, que aprobó el Congreso, la cual impide que a partir de iniciativas ciudadanas se pueda convocar a referéndum.
Según Williams Zapata, lo planteado por Torres "excede el marco constitucional y legal"; por tanto, "representa una grave alteración al Estado constitucional de derecho y la separación de poderes".
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