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La presidenta Dina Boluarte deberá explicar a la Fiscalía el origen de sus relojes Rolex y otras joyas de alto valor. Al igual que ella, otros jefes de estado peruanos fueron investigados y cuestionados por sus costosas adquisiciones. Analistas consultados señalan que transparentar bienes es un deber, así como rendir cuentas.
Gobierno
Caso rolex: la importancia de la transparencia en la función pública
En Sábado Santo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció un discurso a la Nación luego de que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, junto a un equipo de fiscales allanara su domicilio y Palacio de Gobierno, para investigar el origen de los relojes de alta gama de la marca Rolex que posee, entre otras joyas costosas.
En el discurso, la mandataria se preguntó: “¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”.
Quienes respaldaron a la mandataria en su defensa y argumentos fueron sus propios ministros encabezados por el Premier, Eduardo Adrianzén, quien calificó la acción policial como “acto desproporcionado”. También, uno de los abogados de Boluarte, Mateo Castañeda, señaló que lo hecho por las autoridades fue “exagerado y excesivo”.
¿Indagar y conocer el dinero con que se financian los bienes de un jefe de Estado puede ser calificado como un acto discriminatorio? Los especialistas consultados para esta nota de El Poder en tus Manos coinciden en recordar que la fiscalización a todo funcionario público es un ejercicio válido y que ha sido constante en los últimos años en democracia. Aquí las razones.
La ley respalda la fiscalización
El artículo 41 de la Constitución Política del Perú señala que “Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos”.
Además, el Perú cuenta con la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que en su capítulo II sobre principios y deberes del funcionario público señala: “[el funcionario] debe ejecutar los actos de servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna”.
“En efecto, rendir cuentas no es nada exagerado. Es una obligación de todo alto funcionario declarar este tipo de bienes, en la medida de que pueden estar ocultando entregas [de artículos o regalos] a cambio de beneficios. Entonces, lo que se quiere saber es con qué riqueza cuenta la persona, cómo ha incrementado su patrimonio, porque sabemos que no toda la corrupción se da a través de la entrega de maletines con dinero, por tanto los argumentos de la presidenta Dina Boluarte sobre discriminación no son válidos”, opina el doctor en Ciencias Políticas y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent.
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Dargent agrega que la investidura presidencial no está ajena de la fiscalización, todo lo contrario, la máxima autoridad del Ejecutivo debe estar siempre presta a transparentar todo signo de riqueza durante su gestión.
Sobre este caso, en la opinión pública existen diversos puntos de vista y pareceres. Algunos de ellos son del tipo “se le está dando mucha importancia a un reloj”. ¿El problema de fondo aquí es el objeto o el trasfondo que puede existir alrededor de los relojes de la presidenta?, ¿Por qué es importante investigar? Al respecto, Omar Wapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, afirma:
“El hecho de que una persona esté sirviendo en una función pública no debería ser entendido como que esa persona o funcionario tiene el privilegio para disfrutar de bienes que, de otra manera o por su propia cuenta no tendría. En un país como el Perú que atraviesa un momento sensible con una recesión económica, es muy importante que los representantes, desde el Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, pregonen con el ejemplo. Esas muestras de riqueza no son positivas”, resaltó.
Otras joyas y botellas de whisky
Hoy se habla de los relojes de la presidenta Dina Boluarte, pero en años anteriores otros jefes de Estado han sido igualmente fiscalizados por el origen de bienes que salieron a la luz a raíz de investigaciones periodísticas.
Es el caso, por ejemplo, del expresidente Alan García, quien recibió cuestionamientos por su historial inmobiliario. Una de sus propiedades fue un departamento ubicado en una exclusiva zona de la ciudad francesa de París. También se le conoció un terreno en Las Casuarinas y una casa de playa en el distrito de Asia, inmuebles que fueron materia de investigación por el conocido caso Lava Jato.
También, el expresidente Alejandro Toledo fue cuestionado porque durante su gestión fueron adquiridas más de 1700 botellas de whisky etiqueta negra para Palacio de Gobierno.
Posteriormente, también se le pidieron cuentas por una vivienda valorizada en millones de dólares en la exclusiva zona limeña de Camacho en el distrito de La Molina. Esta casa finalmente fue incautada en 2016 a solicitud de la Fiscalía Especializada en lavado de activos, en el marco de la investigación por el caso ‘Ecoteva’.
Y sin ser presidenta, a la exprimera dama, Nadine Heredia también se le investigó por haber adquirido, en solo un año y medio, lujosos artículos valorizados en 38 mil dólares entre ropa, perfumes y carteras, que usó en actividades oficiales para acompañar al expresidente Ollanta Humala.
“Los signos de riqueza no ayudan a la idea de que un político llega al poder a trabajar, sino a enriquecerse, y eso no es nada bueno para una figura política”, señaló el secretario general de transparencia, Omar Awapara
Por su parte, la analista política Macarena Costa, de 50+1, recordó que conocer cómo los funcionarios adquieren sus bienes es algo normal en la administración pública. Lo que no es normal, afirma, es guardar silencio o reserva cuando se piden explicaciones.
“El silencio hace que existan más sospechas siempre. La peor respuesta es el silencio. Es mejor dar una respuesta, dar una versión y sobre todo idealmente si es la verdad. Los funcionarios públicos le deben respuestas a la ciudadanía, entonces el silencio no puede ser una opción en comunicación de crisis desde un gobierno”, aseguró.
Por todo lo expuesto, cabe señalar que la fiscalización dentro del ejercicio público es una necesidad en aras de la transparencia, por ser el mejor aliado de todo servidor del Estado que desee contar con el respaldo de la ciudadanía.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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