Asimismo, Josué Gutiérrez Cóndor indicó en el programa Prueba de Fuego que los "términos contractuales sobre las concesiones se tienen que analizar" tras el colapso del puente Chancay.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, se pronunció en Prueba de Fuego sobre el colapso del puente Chancay, accidente que dejó como saldo a tres personas fallecidos y más de 30 heridos.
Al respecto, el titular de la Defensoría del Pueblo indicó que existe una “responsabilidad de orden político” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Gutiérrez no desligó del caso a Norvial, empresa concesionaria de la Panamericana Norte del tramo Ancón-Huacho-Pativilca.
“En principio hay una responsabilidad de orden político y una responsabilidad de orden funcional, que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que corresponde a Ositran, independientemente de la concesión. Porque una cosa es la concesión, que es la facultad delegada de poder mantener la vía. No olvidemos que tenemos un antecedente sobre el mantenimiento de unos puentes que hizo Norvial. Entonces, ¿bajo qué mecanismos estuvo delegado todo a Norvial?, ¿la responsabilidad es única y exclusivamente de Norvial o es del MTC? Esos términos contractuales sobre las concesiones se tienen que analizar”, expresó.
Además, Gutiérrez indicó que existe una “responsabilidad social” de parte de las instituciones implicadas, pues considera que debieron explicarle “en detalle” a la población sobre los problemas que presentaba la infraestructura si es que tuvieron acceso a informes que lo alertaban previamente.
“Cuando a usted le dicen que hay un riesgo inminente de un desplome y usted no hace nada, ¿usted tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad? Siempre. Ahora, ¿cómo se dilucidan esas responsabilidades? Yo no estoy pidiendo que le manden a la cárcel, pero hay un nivel de responsabilidad social frente al país de explicarle en detalle [qué es lo que está pasando]”, acotó.
Finalmente, el defensor del Pueblo anunció que la entidad que dirige viene preparando un “informe investigatorio” sobre el caso en cuestión.
“Vamos a sacar nuestro informe investigatorio que está arrojando algunas evidencias que son muy puntuales. Ya hemos dicho que hay una responsabilidad política del ministro, eso es lo que hemos acentuado, pero naturalmente la parte objetiva de ver en detalle qué hizo Ositrán, qué hizo Norvial y todos los actores”, concluyó.
En contra de la pena de muerte
En otro momento, el defensor del Pueblo también se mostró en contra de la pena de muerte y señaló que esta iniciativa del Ejecutivo es una medida de “populismo puro”.
“Condenamos que, desde el Estado, desde el ejecutivo, se promueva la pena de muerte, es el desprecio por la vida. ¿Quiénes son estos señores? Felizmente ese Gobierno termina y ojalá que haya otro que reivindique el comportamiento del valor humano”, manifestó.
Asimismo, condenó los proyectos que buscan que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.
“En el Perú estamos acostumbrados al facilismo y a la cosa simple. Si los jovencitos de 16 años delinquen, hay que bajarle la condena y hay que [tratarlos] como los adultos. Y si están acá los de 14, también. La pregunta es, ¿y cuál es la responsabilidad del Estado frente a esa niñez que hoy día dice que mañana van a ser los adolescentes y los jóvenes? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el cumplimiento del deber constitucional del artículo cuarto de velar por ellos, por su protección para que no caigan justamente en el abandono absoluto y que producto de ese abandono no tengan empatía, no tengan valores y sean delincuentes?”, acotó.
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