Los ciudadanos también exigen el fin de la corrupción y la impunidad. | Fuente: Andina

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Los temas penales siguen prevaleciendo en nuestra agenda pública e impiden poner la energía en reformar nuestras instituciones y aumentar la productividad.

El ex gobernador del Callao Félix Moreno, condenado a cinco años por corrupción, es ahora un prófugo de la Justicia. La jueza designada para reemplazar al juez Concepción Carhuancho le había levantado la prisión preventiva, por considerar que no había indicios que lo asociaran con la obstrucción a la Justicia. Una empleada de la empresa Telefónica afirma que su Jefe le ordenó que negara información a la Fiscalía. La ex procuradora Katherine Ampuero arremete contra el Acuerdo preliminar alcanzado con la empresa Odebrecht. Y la congresista Yeni Vilcatoma anuncia que  presentará una acusación constitucional contra el presidente por haber mantenido lazos con su empresa mientras ejercía de funcionario público.  

Todo esto sucede mientras el tiempo corre, se desmorona la mayoría fujimorista en el Parlamento y se acercan las fechas previstas para recoger el testimonio de ejecutivos brasileños de la empresa Odebrecht. Si algo debe quedar claro es que necesitamos que se apruebe una Reforma Judicial, que garantice la imparcialidad de los jueces y restablezca la confianza de los ciudadanos. Las penosas fricciones entre las Comisiones de Justicia y Constitución, así como los obstáculos puestos a los proyectos presentados por el Ejecutivo no hacen sino confirmar lo que los sondeos evidencian: el Congreso no está a la altura de las exigencias de la lucha contra la corrupción.

En estas circunstancias, ¿alguien se dedica a promover la inversión, resolver las trabas administrativas, mejorar la infraestructura y forjar acuerdos que hagan compatibles las demandas sociales, los criterios ambientales y los procedimientos productivos? El proyecto Tía María es un ejemplo emblemático. 

La empresa Southern dice confiar en que obtendrá la licencia de construcción, en cuyo caso el proyecto podría estar listo el 2022. ¿Se dan cuenta nuestros dirigentes de lo que significaría aumentar nuestra producción de cobre en 120,000 toneladas al año?  Los que sí se han dado cuenta, son dirigentes sindicales de Cuajone e Ilo que se han dirigido al ministro de Energía y Minas, para alentarlo a actuar en función del “desarrollo integral de nuestro país y que éste se vea reflejado en los pueblos más alejados y olvidados”.

Fundamentando su solicitud, la carta firmada por los dirigentes sindicales afirma que el progreso de la ciencia ha permitido controlar los efectos contaminantes de las industrias extractivas y citan ejemplos en varios países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá y Chile. Imposible no preguntarse cuándo podrá figurar el Perú en la lista de países capaces de utilizar la innovación tecnológica para aprovechar sus recursos naturales, generar riqueza, crear empleo y mejorar las condiciones de vida de su población.

A propósito de empresas, un comunicado de SEDAPAL da cuenta de la renuncia de su Gerente General, Michael Vega. Ocho días después de la grave inundación de aguas servidas en San Juan de Lurigancho, la empresa pública de servicios de agua y desagüe en Lima y Callao saca las primeras conclusiones de lo que es un clamor general.

SEDAPAL recibió hace cinco años una obra mal hecha, no supo reaccionar ante los primeras señales del desastre y no fue capaz de actuar con rapidez ante una crisis  que sigue afectando a un barrio entero de nuestra capital. Pero en materia empresarial como en la política, no se trata solo de cambiar personas. Se trata sobre todo de procedimientos eficaces de acción y antes que nada, de lucha contra la corrupción.

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