La presidenta Boluarte defendió la ley que otorga amnistía a militares y policías por delitos cometidos entre 1980 y 2000, y advirtió que no se permitirá "la intervención de la Corte Interamericana".
La presidenta Dina Boluarte respaldó este jueves el proyecto de ley de amnistía que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa involucrados en delitos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, una iniciativa que fue aprobada el pasado 9 de julio en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso y que aún está pendiente de que el Ejecutivo la observe, rechace o proclame.
En un discurso pronunciado durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional 'Héroe Nacional de la Policía Alipio Ponce', Boluarte rechazó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicita suspender "inmediatamente" la referida iniciativa legislativa.
"No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra el terrorismo", dijo la mandataria con tono enfático.
El Ejecutivo tiene plazo hasta el próximo 15 de agosto para pronunciarse sobre la ley, aunque de las declaraciones de Boluarte se desprende que el Gobierno estará a favor de su promulgación y con ella desafiaría a la resolución de la Corte IDH.
Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación ante el Congreso por el voto de confianza de su gabiente, el pasado 12 de junio, anunció la creación de una comisión para evaluar la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entidad continental que acoje a la Corte IDH.
¿Qué dice el proyecto de ley de amnistía?
El proyecto de ley 7549/2023-CR, propuesto por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya (bancada Honor y Democracia), fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso con el apoyo de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.
La norma busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa denunciados, investigados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, período marcado por el conflicto armado interno contra el terrorismo.
La legislación establece beneficios específicos, como la amnistía para aquellos sin sentencia firme y para adultos mayores de 70 años con sentencias en ejecución, según explicó Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.
En su momento, Rospigliosi defendió la iniciativa, argumentando que no promueve la impunidad, sino que reconoce a quienes enfrentaron al terrorismo, muchos de los cuales enfrentan largos procesos judiciales.
La reacción de la Corte IDH
En su resolución del 26 de julio, la Corte IDH, con sede en Costa Rica advertía que la iniciativa del Congreso peruano podría vulnerar el derecho a la justicia de las víctimas de casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
El tribunal convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto en San José, Costa Rica, con la participación del Estado peruano, representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta última entidad ya había lamentado la aprobación del dictamen en primera votación el pasado 13 de junio.