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por Freddy Chávarry
·La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a las autoridades peruanas a observar los procedimientos constitucionales para el nombramiento, designación o remoción de autoridades en el Ministerio Público.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció respecto a la reciente crisis que se vive en el Ministerio Público tras la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y advirtió la "posible afectación" a la autonomía de este organismo luego de lo dispuesto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Así, la Comisión hizo un llamado a las autoridades locales a "observar los procedimientos constitucionales" establecidos para nombrar, designar y/o remover cargos al interior del Ministerio Público, a fin de preservar la institucionalidad democrática.
#Perú: #CIDH advierte sobre posible afectación a la autonomía del Ministerio Público tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia que dispone la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. pic.twitter.com/v8r2HXCaOF
— CIDH - IACHR (@CIDH) June 25, 2025
PJ suspende a Patricia Benavides
Durante la jornada, el Poder Judicial ordenó la suspensión temporal de Benavides Vargas como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por un periodo de 24 meses por presuntas irregularidades durante su gestión.
La solicitud fue presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien pidió que el plazo de suspensión sea de 36 meses. Sin embargo, el juzgado supremo declaró fundado en parte este requerimiento, al considerar 24 meses como plazo proporcional, debido a que la investigación contra la suspendida fiscal inició en junio de 2024.
La disposición judicial se da luego de que, en la víspera, la JNJ anunció un procedimiento de "ejecución forzosa" para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, esta resolución judicial anula esta posibilidad.
El presidente de la JNJ, Gino Ríos, había acusado a Espinoza de vulnerar el orden jurídico al no acatar la resolución de reposición de Benavides, señalando que los funcionarios públicos deben acatar las decisiones de órganos competentes mientras no sean revocadas legalmente.
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Wilber Medina, abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, discrepó con la resolución judicial que suspende por 24 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema, pero anotó que la medida debe ser acatada.
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