Fiscal de la nación enfrentaría hasta 5 denuncias constitucionales preparadas desde el Congreso y el Ejecutivo

La fiscal de la nación Delia Espinoza afrontaría hasta 5 denuncias constitucionales interpuestas por el Congreso y el Ejecutivo, las cuales han sido presentadas en menos de un mes y podrían culminar con una inhabilitación de 10 años que impediría que la titular del Ministerio Público pueda ejercer cargos en el Estado. 

Cabe resaltar que estas denuncias constitucionales deberán ser evaluadas en los próximos días por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (APP), Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Nilza Chacón (Fuerza Popular), donde el fujimorismo y Renovación Popular tienen la mayor cantidad de integrantes. 

Las denuncias presentadas desde el Congreso

Ayer, lunes, se dieron a conocer dos nuevas denuncias constitucionales interpuestas contra la fiscal de la nación desde el Congreso.

Por la mañana, el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi anunció a la prensa que había presentado una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por un presunto desacato de la Ley 32130, impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos. 

Según precisó Rospigliosi Capurro, dicha denuncia la presentó junto a los legisladores José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), dos congresistas que fueron denunciados constitucionalmente por la titular del Ministerio Público por, supuestamente, haber favorecido una ley que les permitió acceder a una presunta doble remuneración del Estado. 

"Una de las denuncias constitucionales contra la fiscal de la nación es una que he hecho yo, junto con los congresistas Cueto y Azurín, porque la fiscal de la nación junto con la Junta de Fiscales Supremos (JFS), han desacatado la ley que devuelve la investigación a la Policía", anunció.

"Ellos no solamente se pronunciaron públicamente contra una ley que tienen que acatar necesariamente, sino que sacaron un reglamento desacatando la ley y, hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la nación y toda la JFS", resaltó.

En esa línea, el parlamentario fujimorista aseveró que, de ser "considerada correcta la acusación" contra la titular del Ministerio Público "una sanción es la inhabilitación" de Delia Espinoza. 

Horas después, se hizo pública la denuncia constitucional que interpusieron los integrantes de la bancada de Renovación Popular contra la titular del Ministerio Público, por los presuntos delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal. Por tal motivo, piden su "inhabilitación para el ejercicio del cargo público por diez (10) años".

Los presuntos actos delictivos que imputa dicho grupo parlamentario es que Espinoza Valenzuela, en el marco de la elección del nuevo titular de la Fiscalía de la Nación realizada en octubre pasado, habría ofrecido al fiscal supremo Pablo Sánchez "archivar la investigación fiscal" seguida en su contra por obstrucción a la justicia a cambio de su voto. 

La referida bancada señala que esto se habría concretado porque, el 27 de enero pasado, la titular del Ministerio Público emitió una disposición fiscal en la que resolvió que no había mérito para denunciar constitucionalmente a Sánchez Velarde por ese caso, el cual se remonta a 2018, cuando, en su condición de fiscal de la nación, pidió suspender una supuesta diligencia de exhibición e incautación llevada a cabo por el entonces fiscal adjunto provincial Rodrigo Rurush Castillo en las oficinas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Estas dos denuncias se suman a la ya presentada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos), a fines del pasado febrero, en la que acusa a la titular del Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. 

Según Alcarraz, Espinoza habría incurrido en esos delitos al haber denunciado constitucionalmente a 11 parlamentarios por haberse "interesado indebidamente y directamente" en el dictamen de la norma que permitió que los militares y policías en retiro que son parlamentarios puedan recibir su pensión además de su salario como representantes públicos. 

Cabe señalar que, el último viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró improcedente dicha acusación fiscal presentada por Espinoza contra José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez.

Al término de dicha jornada, Jorge Montoya, uno de los congresistas denunciados y vicepresidente de la SAC, señaló que la fiscal de la nación es una “persona descalificada moralmente para el puesto”.

“La fiscal de la nación no entiendo qué criterio emplea para actuar así. Está en su lucha de poderes y cree que puede jugar con los congresistas”, declaró a la prensa. 

Las denuncias presentadas desde el Ejecutivo

Además de estas tres denuncias formuladas por el Congreso, también desde el Ejecutivo, específicamente desde el Ministerio del Interior (Mininter), se pretende la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer cargos públicos.

El pasado 17 de febrero, el ministro del Interior Juan José Santiváñez presentó una denuncia constitucional contra Espinoza Valenzuela por los presuntos delitos de infracción constitucional y abuso de autoridad. Según alega Santiváñez Antúnez la titular del Ministerio Público habría divulgado información reservada referida a la investigación que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad. 

“Se hizo de conocimiento público la providencia sin considerar que la investigación fiscal debe tener carácter reservado […]. El pedido efectuado en la providencia 70 denota falta de conocimiento legal por parte de la fiscal de la Nación y/o interés en obtener información sensible de mi persona para realizar un show mediático”, señala Santiváñez en su denuncia. 

Asimismo, el pasado 28 de febrero, a través de un comunicado difundido en X, el Mininter anunció que presentaría otra denuncia constitucional contra Delia Espinoza por "infracción al marco constitucional y por la comisión de presuntos ilícitos vinculados a las conductas omisivas de actos funcionales". 

Según el citado pronunciamiento, el Ministerio Público se habría retirado de la mesa de trabajo para el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del delito, la cual se efectúa en el marco de la Ley 32130 que dio a la PNP la dirección de la investigación preliminar de los delitos. 

"Recordemos que la ley debe ser cumplida sin miramientos ni objeciones, a menos que esta sea derogada, por lo que no permitiremos que el marco normativo sea trastocado por intereses subrepticios", enfatizó el Mininter.

¿Qué ha dicho la fiscal de la nación sobre estas denuncias constitucionales?

El pasado 4 de marzo, en entrevista con el medio virtual Nativa, la fiscal de la nación se pronunció por las denuncias constitucionales que, hasta ese momento, se habían presentado en su contra. En esa línea, consideró que los denunciantes no estaban yendo "por las vías legales que les franquea la propia ley".

"Lo concreto que yo puedo decir es que los señores no están yendo por las vías legales que les franquea la propia ley. ¿En qué sentido? De ir ante el juez de garantías y decir ‘se me están vulnerando mis derechos fundamentales’, sustentar para que el juez advierta que, si hay un abuso, eso se componga, se retrotraiga, se rectifique, y si me encuentran responsabilidad, la asumiré", sostuvo. 

"Pero, hasta el momento, no hay ningún juez que sobre esas investigaciones que hemos propuesto o de las denuncias constitucionales que también hemos presentado al Congreso, no se ha activado ninguna garantía para que se detengan nuestras acciones, que son constitucionalmente sustentadas", agregó.

Además, Espinoza consideró que "se está desconociendo la legalidad que defiende y persigue el Ministerio Público".

"Nosotros trabajamos con transparencia, con objetividad, sustentamos los casos. Cada acto procesal que desplegamos […], con autonomía estamos trabajando, y con suma objetividad y eso les consta a los abogados de los investigados, les consta, a los jueces, a la Procuraduría pública. Hasta el momento, como fiscal de la nación no he sido denunciada por la Procuraduría General, eso quiere decir que estamos haciendo nuestro trabajo conforme a derecho. Pero los señores que me denuncian, puede ser porque están mal asesorados o es una reacción nerviosa, preocupada. Yo lo entiendo así", indicó. 

Asimismo, la titular del Ministerio Público explicó que su retiro de la mesa de trabajo que alude el Mininter es de carácter temporal, puesto que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Ttibunal Constitucional (TC) contra la Ley 32130.

"Cuando se cita esa mesa de trabajo, acudimos a través de un representante, vamos a la mesa de trabajo, pero simultáneamente también se había presentado ante el TC una demanda de inconstitucionalidad respecto de la Ley 32130 que es la que nos despoja de nuestras atribuciones constitucionales de conducir la investigación del delito desde su inicio. Nosotros, respetuosamente, hemos estado interviniendo, pero siempre dejando constancia de que esa ley es inconstitucional, y que la Constitución es la que prevalece", sostuvo.

"El 8 de febrero, se admite nuestra demanda de inconstitucionalidad ante el TC, y por esa razón, para guardar una coherencia ante un acto procesal promovido por el TC, nosotros, congruentes, coherentes y con la autonomía que nos corresponde, hemos señalado muy respetuosamente en un oficio, que nos vamos a retirar temporalmente, eso no se está diciendo. Nos vamos a retirar temporalmente a las resultas de lo que disponga o resuelva el TC, por coherencia", alegó.