El Ministerio Público acusó a los parlamentarios del presunto delito de negociación incompatible, en agravio del Estado, a raíz de la aprobación de una ley que benefició a cinco legisladores para que reciban sueldo y pensión como oficiales en retiro de las fuerzas armadas y policiales sin ninguna restricción.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este viernes, de manera unánime, declarar como improcedente la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra once parlamentarios por supuestamente promover una ley que favoreció a legisladores para cobrar pensión como policías y militares en retiro sin restricción.
Fueron 13 congresistas en la subcomisión quienes votaron a favor de la improcedencia, ninguno en contra y dos abstenciones.
La secretaría de la subcomisión elaboró un informe para sustentar que la improcedencia de la acusación hecha por la titular del Ministerio Público es porque el documento no advirtió una infracción constitucional en la actuación de los once legisladores que fueron parte de la Comisión de Defensa.
La denuncia constitucional
La Fiscalía señalaba en su denuncia constitucional que los 11 parlamentarios habían aprobado una ley en la Comisión de Defensa que benefició a cinco legisladores con una doble percepción de ingresos: sueldo de congresistas y pensión como oficiales en retiro de las fuerzas armadas y policiales.
La denuncia comprendía a los congresistas José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.
Según la Fiscalía, entre los parlamentarios beneficiados con esta medida fueron Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza.
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