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El abogado penalista Iván Meini refirió que las observaciones del Ejecutivo "prácticamente dejan en desuso o llevan a la inaplicación una detención preventiva".
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El Ejecutivo propone cambiar términos que "la jurisprudencia, desde hace muchos años, ha sentado claramente la interpretación"
El abogado penalista Iván Meini señaló que las observaciones planteadas por el Ejecutivo a la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia beneficiarían a personas cercanas al Gobierno, debido a que se recorta su rango de aplicación al agregar que solo se debe aplicar para delitos con penas mayores a ocho años, lo que deja fuera a algunos ilíticos como tráfico de influencias, corrupción, entre otros.
"El Ejecutivo ha propuesto observaciones que son de cuidado. La primera es que la detención preliminar solo se puede aplicar a personas que están siendo investigadas por delitos graves; es decir, aquellos que tienen una pena privativa de libertad mayor a ocho años. Entonces se deja de lado, por ejemplo, algunos supuestos de tráfico de influencias, algunos supuestos de cohecho y algunos supuestos de delitos contra el patrimonio (además de la minería ilegal, la contaminación ambiental y el financiamiento prohibido a partidos)", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"El Ejecutivo propone al Congreso que evalúe la posibilidad de que el juez de la investigación preparatoria que decreta la detención preliminar no puede ser el mismo que luego vaya a decretar una eventual detención preventiva contra la misma persona, bajo el argumento de la contaminación. Y, adicionalmente, que los elementos que se toman en cuenta para decretar una detención preliminar tengan que ser necesariamente distintos de los que luego vayan a tenerse en cuenta para decretar una detención preventiva. Ello, solo diez días después, con lo cual es prácticamente dejar en desuso o llevar a la inaplicación una detención preventiva", aseveró.
"Y además —y esta es la casualidad— por alguno o algunos de estos delitos están siendo investigadas personas allegadas al Ejecutivo que se beneficiarían de las observaciones que hace el propio Ejecutivo para impedir en los hechos que estas personas puedan ser detenidas", agregó.
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Ejecutivo propone cambiar términos que "la jurisprudencia, desde hace muchos años, ha sentado claramente la interpretación"
En otro momento, Meini precisó que el Ejecutivo pretende cambiar algunos términos cuya interpretación ya está desarrollada ampliamente por la jurisprudencia nacional.
"El origen de toda esta problemática proviene en realidad del propio Congreso, que fue el que derogó el año pasado la posibilidad legal de la detención preliminar. Ante la expectativa y el reclamo social, canalizado por las demandas del Ministerio Público, es que el propio Congreso ha propuesto que retorne al Código Procesal Penal la regulación de lo que el propio Congreso había derogado; es decir, la detención preliminar", señaló.
"Siguiendo el trámite legal, esto ha sido observado por el Ejecutivo hace 48 horas. Las observaciones, que además se produjeron casi cuando estaba venciendo el plazo para que el Ejecutivo observe, desde mi punto de vista no son de recibo. Primero porque pretende cambiar unos términos que no modifican el uso, ni los requisitos, ni presupuestos, ni límites de la detención preliminar. Pretende que se cambien términos como 'razones plausibles' por 'elementos razonables', que (...) la jurisprudencia, desde hace muchos años, ha sentado claramente la interpretación y no habrían mayores problemas", finalizó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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