Petroperú
Petroperú | Fuente: Andina

La administración de Petroperú decidió este jueves declarar la nulidad de los contratos derivados para la adquisición de Biodiésel B100 con la empresa Heaven Petroleum Operators por US$ 74 millones.

La citada empresa tiene como gerente general al Samir Abudayeh Giha, quien se reunió en octubre con el presidente Pedro Castillo y con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, en el Palacio de Gobierno, días antes de que esta compañía se adjudique la venta del combustible.

A través de un comunicado, el organismo precisó que se trata de la nulidad de los contratos derivados del Proceso por Competencia N° COM-012-2021- GDCH/PETROPERÚ “Adquisición de Biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022".

"Al haber detectado que no se contó con la presencia de un notario público en la recepción de las propuestas, tal como lo indica el procedimiento", señala el documento.

Nueva convocatoria

Petroperú afirmó que, en línea con su compromiso de garantizar el abastecimiento del mercado de hidrocarburos, realizará una nueva convocatoria que permita cubrir la demanda de este producto.

"Asimismo, garantiza su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación de bienes y servicios, siguiendo los procedimientos establecidos por la Empresa y dentro del marco legal vigente", afirmó el organismo en un comunicado.

Además, Petroperú informó que en relación a las investigaciones preliminares que viene realizando el Ministerio Público y la Contraloría General de la República referidas a este tema, se ha brindado todas facilidades y viene atendiendo los pedidos de información sobre este proceso.

"En ese sentido, reitera y reafirma su voluntad de seguir colaborando con los órganos de control y fiscalización", manifestó.

NUESTROS PODCAST


"Entrevistas ADN": Eduardo Pachas Palacios, abogado del presidente Pedro Castillo, confirmó que pidieron exclusión del fiscal adjunto Luis Alberto Medina Rodrigo de la investigación. Además, señaló que el pedido contra Medina fue presentado a la fiscal provincial Nora Córdova y no a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

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