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El juez Juan Carlos Checkley Soria rechazó la solicitud de la Fiscalía de la Nación contra el exministro del Interior, en las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
Así lo determinó Juan Carlos Checkley, juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al determinar que no existe "equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional del Ministerio Público para investigar el delito, con el derecho a la libertad y al libre tránsito de [la] persona investigada".
"La medida bajo análisis no resulta necesaria, en vista que no se habría acreditado mediante datos objetivos el peligro de fuga por parte del investigado Santivañez Antúnez, no existiendo razón suficiente para restringir su derecho fundamental al libre tránsito sin un sustento adecuado que vislumbre que, de ser procesado en libertad, podría fugar y solicitar asilo en territorio extranjero", alegó el magistrado en su resolución.
"En el presente caso, la fiscalía requiere el impedimento de salida del país del investigado Santivañez Antúnez; si bien existirían indicios de la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, no se aporta dato objetivo de comportamiento, que Santivañez Antúnez de ser investigado en libertad, pueda fugar del territorio nacional; por el contrario, se evidenció, que como ministro del Interior, en las dos oportunidades que salió del país por razón oficial, retornó al mismo, pese contar con investigaciones abiertas. En ese sentido, la medida no resulta idónea", agregó.
Además, Checkley Soria señaló en su fallo que la Fiscalía "no acreditó daño alguno, más que el solo hecho de mencionar la gravedad de los hechos".
"Respecto al comportamiento del procesado en este o en otros procesos, no existe datos de comportamientos elusivos, obstruccionistas o de entorpecimiento más que el solo hecho de haber solicitado reprogramaciones, lo cual, es una facultad del investigado y el solo hecho de pedirla no justifica, per se, el ánimo de afectar la investigación. Dicho ello, no existen motivos razonables que vislumbren peligro de fuga por parte del investigado Santivañez Antúnez", alegó el juez.
Santiváñez habría ejercido influencia ilícita ante el TC, el Inpe y el ministro de Justicia a favor de sentenciado
Durante la audiencia en la cual el Ministerio Público sustentó el pedido de impedimento de salida del país contra Santiváñez, el fiscal adjunto supremo Luis Ballón dio cuenta de una serie de archivos de audio, WhatsApp y testimonios de testigos protegidos que revelarían la presunta influencia ilícita que Santiváñez Antúnez habría ejercido ante el Tribunal Constitucional (TC), como abogado de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’, un expolicía sentenciado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación, tras ser acusado de ser parte de la organización criminal “Los K y K”, que operaba en región de La Libertad.
Además, según el fiscal, Juan José Santiváñez, ya como ministro de Interior, habría influenciado a favor de Marcelo Salirrosas ante el Inpe y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
"El Ministerio Público ha podido obtener más de mil mensajes de WhatsApp, 77 archivos de audio, 34 imágenes y archivos de PDF, que intercambió el investigado desde su celular […] con una tercera persona vinculada al interno Marcelo Salirrosas, lo que, de modo evidente, palmario y claro revela las reiteradas invocaciones de influencia que realizó el investigado con la finalidad, en un primer momento, de que se le entregue la suma de 20 000 dólares; luego, en un segundo momento, con la finalidad de evitar la devolución de dicho dinero, manteniendo esperanzas en su interlocutor respecto a la efectividad de sus influencias, beneficiándose económicamente durante todo ese tiempo”, sostuvo Ballón.
El representante del Ministerio Público indicó que Marcelo Salirrosas fue internado el 29 de diciembre de 2023 en el penal El Milagro de Trujillo, con un régimen penitenciario "cerrado especial". No obstante, este habría indicado que su vida corría peligro en esas condiciones, por lo que "solicitó que se le ubique en un pabellón de régimen abierto y que no se le traslade a otro penal".
Al respecto, según el testigo protegido 02-2025 citado por el fiscal, Santiváñez le habría dicho a su interlocutor que “podía hablar con el presidente del Inpe, de apellido Llaque, incluso le mandó una captura de pantalla con la opción 'ver solo una vez' donde había una conversación supuestamente con esa persona donde le informaba que lo de Marcelo ya estaba coordinado”.
Incluso, según el representante del Ministerio Público, cuando el interlocutor se reunió con Santiváñez en su despacho ministerial, el 9 de septiembre pasado, este habría llamado al ministro de Justicia y le manifestó: “hermano, escúchame nomás, no quiero molestarte […]. Lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas que está en Trujillo, no? Todavía no lo cambian, hermano, por favor, ya, te mando su nombre completo”.
Asimismo, en diálogos de WhatsApp referidos por el fiscal Ballón, Santivañez habría indicado que "ya ha conversado con el ministro de Justicia para que no lo cambien de penal y le cambien de régimen a un pabellón de régimen abierto. Incluso le propone que lo cambien a un nuevo penal que están construyendo exclusivamente para policías, lo cual es rechazado por su interlocutor”.
Finalmente, el representante del Ministerio Público indicó que, con la presentación de estos elementos de convicción, se configura el presunto "delito de tráfico de influencias agravado, bajo la modalidad de delito continuado y además concurso real, en tanto se ha invocado influencias ante el TC, el presidente del Inpe y el ministro de Justicia".
"Además, en estos diálogos, se mencionan hechos que han sido corroborados como el depósito de los 20 000 dólares, los vouchers de devolución por 78 400 soles, archivos de PDF de los actuados del proceso constitucional, visitas al Mininter, la participación del Dr. Santillán en la audiencia del TC, fotografías, etc.”, acotó.
Por estos hechos, según Ballón, Santiváñez podría recibir una condena de entre 4 a 8 años de pena privativa de la libertad.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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