¿Por qué sería inviable la reforma que fija en no menos del 6% del PBI el presupuesto de educación?

En menos de una hora y al filo de la medianoche del último domingo, el Congreso aprobó con 115 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, la reforma constitucional que establece el presupuesto del sector Educación en no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Pese a las observaciones de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, el Pleno aprobó modificar el artículo 16 de la Constitución para asignar un presupuesto fijo a dicho sector. Para que la reforma se concrete, deberá ser sometida a segunda votación y alcanzar los 87 votos mínimos.

Mientras se realizaba el pleno virtual, la ministra Alva advertía desde su cuenta de Twitter que dicho proyecto carecía de "sustento técnico, tiene visos de inconstitucionalidad y afecta el presupuesto público, en una situación de pandemia”.

"Cualquier medida que incremente directa o indirectamente el gasto público, tiene impacto sobre la sostenibilidad fiscal del Perú y transgrede la Constitución, que señala claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto (art. 79)", manifestó la titular de Economía.

Los inconvenientes desde el punto de vista constitucional

RPP Noticias consultó con especialistas sobre este tema y si bien todos reconocieron la necesidad de asignar más recursos al sector educación, también señalaron que esto debe realizarse de manera responsable. Por ello, indicaron que la reforma constitucional sería inviable y poco técnica.

Para Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y experto en temas parlamentarios, hay tres argumentos concretos por los cuales la norma es inviable constitucionalmente: a) el Congreso no tiene iniciativa de gasto, b) el equilibrio presupuestal lo maneja el Poder Ejecutivo y c) afecta la libre discrecionalidad del Ejecutivo.

“Cada uno tiene sus competencias. El Congreso puede legislar en todas las materias que considere a bien. La única restricción que tiene es la iniciativa de gasto. [Esta medida] afecta a la libre discrecionalidad que tiene el Ejecutivo de proponer el presupuesto. La Ley de Presupuesto General de la República de cada año no la hace el Congreso, el proyecto lo hace el Ejecutivo y lo manda al Congreso. El Congreso debate y lo aprueba”, indicó.

La Constitución de 1979 estableció en su artículo 39 que se destinara “para educación no menos del veinte por ciento de los recursos”. Este antecedente, según Rospigliosi, es una muestra de que estas medidas son solo declarativas y están vacías de contenido.

“Nunca prosperó porque no tenía esa cantidad de dinero el presupuesto general de la Republica de cada año para asignar ese tope. El riesgo es que cualquiera presente una denuncia constitucional por infracción a la Constitución al ministro de Economía de turno. Nadie duda de que la educación es lo más importante para cambiar el país, pero sí genera dudas asignarle porcentajes fijos”, dijo.

El especialista advierte los posibles escenarios, respecto a esta medida: a) que los parlamentarios reflexionen y que no la lleven a una segunda votación o b) de ser sometida a segunda votación y de alcanzar los 87 votos sería una reforma constitucional aprobada. En este último escenario, el Ejecutivo podría acudir al Tribunal Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad.

“Pero una demanda, para que el Tribunal Constitucional la elimine,  va a pasar en no menos de seis meses. Estaríamos hablando del 2021 y el presupuesto general se aprueba a más tardar en noviembre del 2020. […] El daño estaría causado”, manifestó.

Recaudación y déficit, las variables para el presupuesto

El economista y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Marcel Ramírez, consideró que la reforma es inviable porque la asignación de presupuesto a los sectores depende de muchos factores. Entre ellos, la capacidad de recaudar del Estado y el límite del déficit de fiscal.

“Entonces, si actualmente el presupuesto de educación está alrededor de 3.7% del PBI, pasarlo al 6%, dada las restricciones que tenemos, es imposible. Habría solo dos alternativas: o incrementar la recaudación significativamente para no afectar a nadie o habría que ajustar el presupuesto de los demás sectores solo con el fin de poder cumplir con el compromiso”, explicó el también columnista de RPP.

Ramírez apuntó que no todo debería enfocarse en torno a la adjudicación de más presupuesto al sector, sino que también debe prevalecer la necesidad de ser más eficiente con el dinero que ya se tiene. “Antes de simplemente pedir más dinero, es importante mejorar la calidad de gasto. Por ejemplo, hay instituciones educativas cuyas condiciones para ofrecer el servicio son muy bajas al no tener agua y desagüe. Entonces, hay ciertos indicadores de la calidad de servicios que no se han venido mejorando, a pesar de que en últimos ocho años el presupuesto de educación casi se ha duplicado”, indicó.

En mayo, la ministra Alva adelantó que el presupuesto público 2021 iba a ser austero. Ramírez apuntó que existe en el Ministerio de Economía una responsabilidad muy grande para ver la manera de tener recursos “para no afectar sectores sociales importantes como educación o salud”, teniendo en cuenta que la recaudación va a caer.

Para el economista, la reforma constitucional del 6% del PBI para el sector educación afecta la institucionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas, el ente encargado de diseñar las políticas tributarias y de gasto del país. “La aprobación de esa norma le resta margen de maniobra, le resta capacidad de diseñar más eficientemente su política fiscal. Es algo que no debería suceder, al haber ya un responsable de la política fiscal. Necesitamos que ese responsable genere credibilidad y que sus actos sean predecibles”, indicó.

Congreso no puede minar el trabajo del Minedu

La exministra de Educación Marilú Martens consideró que la reforma carece de tecnicismo y que una propuesta así debía evaluarse con una mirada completa de las necesidades del país. “Necesitamos incrementar presupuesto en educación, sin embargo, esto debe obedecer a una estructura, a una propuesta nacional. No se trata de quitarle de comer a un hijo para darle a otro. Para poder cumplir con ese 6% del PBI, tendríamos que quitarles a otros sectores”, dijo.

Martens recordó que el Ministerio de Educación gestiona un presupuesto, que en su mayoría se destina para la remuneración de los docentes, además de los asuntos de infraestructura, material educativo, equipamiento de escuelas, entre otros.

La exministra consideró que el Congreso puede aportar en la reforma educativa como, por ejemplo, en la construcción de una política de formación docente o en apoyar a que se cierren las brechas entre la educación rural y urbana.

“Sí hay formas para que el Congreso pueda aportar, por ejemplo, viendo de qué manera podemos generar mayores recursos y por supuesto el velar o fiscalizar la buena gestión de esos recursos, pero no lo pueden hacer divorciado al ministerio. La comisión del Legislativo no puede estar divorciada o más bien minando el trabajo del Ministerio de Educación. El órgano técnico que es quien lidera la política nacional educativa es el Ministerio de Educación”, sostuvo.