El costo de crecer sin Estado
¿Qué tan complacientes debimos ser por haber sido el país de Sudamérica con mayor crecimiento del PBI en el 2019? La comparación simple del crecimiento del PBI entre países es totalmente inadecuada.
Marcel Ramírez
Economista
Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Economista. Consultor en política fiscal y tributaria, gestión pública, análisis económico, reforma del Estado, entre otros.
ÚLTIMAS COLUMNAS
Coronavirus y nuevo pacto al Bicentenario
Al exponer la fragilidad de nuestro sistema de salud, el coronavirus ha tocado una fibra sensible de la población peruana.
Desmitificando las metas
El énfasis en el simple crecimiento nos esconde todas las debilidades institucionales, baja productividad laboral, escasa calidad de infraestructura, elevada desconfianza en instituciones, entre otros.
Actuar por un mejor Congreso
Nuestras autoridades tienen la responsabilidad de restituir el verdadero valor del Estado, revalorar el beneficio del debate productivo y reintroducir en cada uno de nosotros el sentido del bienestar colectivo sobre el particular.
Modernizando la gestión pública
El gasto nunca mejorará en su calidad si antes la PCM no nos explica los hitos importantes en la implementación de los pilares de la Modernización del Estado.
El debilitado presupuesto público
Algo que no nos han enseñado en el colegio es que Ejecutivo y Legislativo trabajan para nosotros y por tanto, deben “rendir cuentas” de su accionar y debemos exigirles un mejor trabajo permanentemente.
La reforma impostergable
A la fecha el MEF sabe que hay gasto tributario improductivo, así como regímenes tributarios, que distorsionan las decisiones productivas en contra del crecimiento de las empresas.
Basta de reformas ineficaces
Es insuficiente que el Estado inicie o conduzca la implementación de “reformas” cuando aún existen procesos inconclusos, detenidos en el tiempo e incluso fracasados.
Campañas por impuestos o por sanciones
Una interesante idea sería adaptar el mecanismo de “obra por impuestos” al diseño de “campañas informativas” a cambio de la sanción aplicada a empresas que incumplen con normas que afectan a usuarios/consumidores; es decir, podrían ser “cobradas” en forma de campañas que informen y concienticen a la población (adultos y niños) respecto de riesgos que pueden existir y afectar su bienestar y que son prioridad del Estado.
