El dominical Panorama difundió un documento emitido por el Despacho Presidencial en febrero de este año en el que se requiere valorizar los puestos de los funcionarios de dicha oficina.
El trámite para el aumento del sueldo de Dina Boluarte a más de S/35 000 inició en el Despacho Presidencial, pese a que desde el Ejecutivo descartaran que la propia mandataria requiriera dicho incremento, según informó el dominical Panorama.
Un documento emitido por el Despacho Presidencial el pasado 10 de febrero, al que accedió el dominical, tiene como asunto la valorización de puestos de funcionarios en el cuadro de puestos de la Entidad del Despacho Presidencial y sería el inicio del proceso para la solicitud de incremento en la remuneración de Boluarte.
Según Panorama, ello dista de la versión del Gobierno, la cual indica que esta consideración se da luego de un análisis técnico realizado por Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, indicaron que el Ejecutivo declaró como reservados todos los documentos relacionados con este requerimiento de aumento salarial para la mandataria, que actualmente gana 16 000 soles, con el objetivo de evitar que la ciudadanía conozca de dónde surgió.
El Oficio N 001180-2025-DP/SSG mostrado por el dominical lleva la firma de Antonio Mirril Ramos Bernaola, subsecretario general del Despacho Presidencial y tenía como destino la Presidencia del Consejo de Ministros.
Junto a este documento, se adjuntaban una serie de documentos de referencia y anexos para que se gestionen las acciones del caso para el incremento salarial de Boluarte.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno respondió mediante un comunicado a la información vertida por el dominical y señalaron que el proceso para el incremento de sueldo de Boluarte “tiene sus fundamentos en el año 2008, con la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad encargada de normar la estructura y escala remunerativa de los funcionarios y servidores públicos”.
Añadieron que, desde entonces, “Servir ha venido implementando una política de ordenamiento de las remuneraciones en el sector público, bajo criterios de equidad y sostenibilidad fiscal, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas”.
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