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Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, indicó que "no existe una normativa" que regule que la presidenta deba comunicar una ausencia por intervención quirúrgica. Además, dijo que esta duró entre 40 y 50 minutos y que "no hubo en ningún momento una falta de lucidez".
Judiciales
Juan Carlos Portugal: "Sencillamente, la obligación de comunicar no está amparada en ninguna norma".
La presidenta Dina Boluarte acudió este lunes a declarar ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de omisión de funciones y, alternativamente, abandono de cargo en agravio del Estado.
Según informó el Ministerio Público, la jefa de Estado brindó su declaración indagatoria en un lapso de 4 horas, en las que respondió por la supuesta omisión de comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso un presunto impedimento temporal para el ejercicio del cargo, a causa de una intervención quirúrgica. Dicha ausencia se habría dado entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.
A la salida de la sede fiscal, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, en declaraciones a la prensa, indicó que dicha intervención de salud tuvo lugar la noche del 28 de junio de 2023, y que el post operatorio fue "de carácter estrictamente ambulatorio".
"La presidenta estuvo, aproximadamente, entre 40 a 50 minutos sometida a esta intervención, y eso fue el 28 de junio del año 2023, en horas de la noche […] Tiempo en el cual, estuvo absolutamente consciente, estuvo lúcida y, en todo momento, despierta en la intervención, a tal punto que, dada la naturaleza de cirugía menor por la cual se le intervino, es que la recuperación post operatoria fue de carácter estrictamente ambulatorio", sostuvo.
"Inmediatamente terminada la intervención le dieron de alta a la presidenta, pero por precaución le recomendaron pernoctar en la clínica en aquella fecha, de tal manera que, al día siguiente, regresó a sus labores oficiales sin ninguna consecuencia o problemática, de tal manera que, el estado de inconciencia que se ha pululado de manera absolutamente irresponsable y desafortunada, solo está en la imaginación de aquellos que no conocen la historia de este caso", agregó.
"La obligación de comunicar no está amparada en ninguna norma"
Asimismo, el abogado se refirió al tipo penal que está orientando las diligencias fiscales. En ese sentido, sostuvo que la investigación "nace, estrictamente de principio a fin, muerta", ya que la mandataria "no tiene la obligación de comunicar" una ausencia como la que se habría dado.
"El delito de omisión de función […] exige que la presidenta tenga, en alguna norma […], el deber, la obligación, el mandato escrito positivo, imperativo, de comunicar al presidente del Congreso o a cualquier otra autoridad, y ese deber no existe. No existe una normativa que, expresamente, lo regule; por consecuencia, si no hay una normativa que regule, independientemente del nivel de intervención, no tiene la obligación de comunicar", explicó.
"Se comunica aquello que exige ser comunicado [...], pero no hay ninguna omisión porque, sencillamente, la obligación de comunicar no está amparada en ninguna norma [...] Irregularidad significaría que exista un mandato en donde a la presidenta se le exija determinada actuación. Por eso es ‘omito mi función’, ‘la norma, mi función, me dice comunicar’, pero ese deber y ese imperativo de comunicación no existe en nuestra clausula ni legal, ni constitucional, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por eso es que no se debió el deber de comunicar, por eso es que no se omite aquello que no se exige", agregó.
Portugal indicó también que hoy se ingresará al Ministerio Público "los documentos que prueban la existencia de esa disfunción respiratoria que motivó la intervención quirúrgica" de la mandataria, así como las normas que ella habría firmado "de puño y letra" en los días posteriores a la intervención.
"Hay 91 normas […] que ella ha firmado de puño y letra, con lo cual no existe ningún abandono, ni una hora, ni un día, dos o tres días, ni tanto menos una omisión del cargo. Hay 91 normas que el propio Ministerio Público ha solicitado y 91 normas que, en el plazo de 48 horas, se ha entregado para que, en efecto, se corrobore que la presidenta […] siempre estuvo al tanto del país", explicó.
Además, el abogado precisó que la intervención quirúrgica estuvo a cargo de un staff médico "dentro de los que estaba un otorrinolaringólogo, que es especializado en ese tipo de situaciones". No obstante, no reveló quiénes habrían sido los integrantes de ese equipo médico.
Finalmente, la defensa legal de la mandataria señaló que su patrocinada "no se burla del Congreso" al no haber acudido a la Comisión de Fiscalización a responder por esta causa y por el caso Cofre presidencial.
"No se burla del Congreso, sino que fue al Ministerio Público, en condición de investigada, que es la institución regular y oficial para construir una teoría del caso, no el poder político", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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