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Abogado penalista y exjefe del INPE cuestionan traslado de Martín Vizcarra a un penal común

Martín Vizcarra fue trasladado este viernes del penal de Barbadillo al de Ancón II.
Martín Vizcarra fue trasladado este viernes del penal de Barbadillo al de Ancón II. | Fuente: EFE | Fotógrafo:

El abogado penalista, Julio Rodríguez, y el exjefe del INPE, Javier Llaque, advirtieron que el traslado del expresidente, Martín Vizcarra, al penal de Ancón II carece de justificación técnica, podría responder a motivaciones políticas y pone en riesgo la seguridad del exjefe de Estado.

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El abogado penalista, Julio Rodríguez, y el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, se pronunciaron sobre la situación del expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien en declaraciones exclusivas a RPP afirmó que su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II obedece a “una decisión de carácter político y de persecución”.

Al respecto, Rodríguez expresó su preocupación por la seguridad del exjefe de Estado, quien cumple cinco meses de prisión preventiva por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

“Lo peligroso para mí es desconocer la naturaleza de expresidente.  A él lo han clasificado dentro de los estándares propios de un régimen especial en un penal ordinario, pero su condición personal no es ordinaria. Él es un expresidente de la República que tiene demasiada información por haberlo sido, que representa una persona de riesgo en cualquier penal común”, señaló en el programa Prueba de fuego.

El abogado advirtió, además, que el traslado de Vizcarra a un penal común no solo pone en entredicho la capacidad del INPE de garantizar su seguridad, sino que puede tener consecuencias a nivel internacional.

“Lo que se va a percibir desde afuera es que estamos persiguiendo políticamente a un expresidente, cuando en la práctica tenemos a un expresidente con una cantidad enorme de pruebas que lo colocan como responsable penal clarísimo de actos de corrupción”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que no se puede descartar la existencia de una “intención política” en la decisión de cambiar de penal al expresidente Martín Vizcarra.

“Esto no podemos simplemente valorarlo como un error del sistema propio de la administración de la ejecución de la pena. Tenemos que evaluarlo como un intento, desde mi perspectiva, de darle una mano para que una medida cautelar en el ámbito transnacional lo pueda acoger a él como un perseguido político y evidentemente pueda relativizar la condena que tiene próximas de 15 años”, manifestó.

Julio Rodríguez reiteró que el penal de Ancón II es un riesgo para la integridad del exjefe de Estado “porque se trata de un preso excepcionalísimo”.

“En los estándares de clasificación del INPE no existe Barbadillo, no está en la lista, porque Barbadillo es un lugar excepcional donde se coloca a aquellos que han sido presidentes de la República por su seguridad y por el manejo de información que han tenido mientras lo han sido. Puede ser extorsionado, tiene detractores", expresó.

Exjefe del INPE cuestiona traslado de Martín Vizcarra 

Por su parte, el exjefe del INPE, Javier Llaque, cuestionó la decisión de trasladar al expresidente, Martín Vizcarra, al penal Ancón II.

“Técnicamente debería haberse quedado donde está”, sostuvo el exfuncionario en referencia al penal de Barbadillo, donde usualmente han sido internados los expresidentes.  

Llaque explicó que el traslado de Vizcarra no se justifica bajo las normativas actuales del INPE, las cuales están diseñadas para evitar arbitrariedades.

Asimismo, advirtió que los funcionarios actuales podrían enfrentarse a problemas legales si no encuentran "un argumento sólido" para justificar el traslado del expresidente, que -de acuerdo con el comunicado del INPE- su primera clasificación fue al penal de Lurigancho y por motivos de seguridad se le derivó a Ancón II.

“Cuando dicen que se dispone que vaya al penal de Ancón II por medida de seguridad, no tiene sentido. Que salga del penal donde está para brindarle más seguridad en otro penal eso, desde mi mirada, es absolutamente irracional e injustificado”, aseveró. 

“Mi mensaje es a los funcionarios INPE, que los que tienen que encontrar los argumentos sólidos, porque esto va a ir a un habeas corpus y van a tener que responder a un juez y ojalá no se vean involucrados en un tema de abuso de autoridad. Mi mensaje es busquen un argumento sólido”, finalizó. 

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