Los abogados Luis Lamas Puccio y Julio Rodríguez explicaron en RPP la gravedad del caso y sus implicaciones políticas.
Tras conocerse la sentencia judicial de más de 11 años de prisión impuesta a Pedro Castillo por el delito de conspiración para rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que el expresidente de la República sí cometió el delito de rebelión.
En una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Lamas Puccio criticó la interpretación de los hechos, señalando que en la legislación peruana no existe el concepto de golpe de Estado.
Según su visión, aunque el término “golpe de Estado” evoca imágenes de tanques y fuerzas armadas, el concepto de “arma” dentro del delito de rebelión debe ser entendido de manera mucho más amplia, no limitada a lo militar, sino como un "acto de hostilidad hacia la democracia".
En ese contexto, Lamas Puccio sostuvo que el trasfondo del caso tiene un contenido político, y que el bien jurídico en juego es la defensa de la democracia y el Estado de derecho.
"¿Cómo es posible que, en lugar de procesarlo y condenarlo por rebelión, lo terminen condenando por conspiración? En lugar de una pena de 20 años, le imponen 11 años", se preguntó.
El abogado también consideró que la inhabilitación debería haber sido “mucho más contundente, potente y ejemplar”, dado que, según su opinión, lo que estaba en riesgo era la democracia.
"No hay redención de pena"
Por su parte, el abogado Julio Rodríguez indicó -en diálogo con el programa Prueba de fuego- que Pedro Castillo deberá cumplir su pena en su totalidad, sin posibilidad de redención. Explicó que el delito cometido por el exmandatario es de tal gravedad que, conforme a la legislación peruana, no existe la opción de reducción de pena por buena conducta o beneficios penitenciarios.
“No hay redención de pena, tendrá que cumplirla en su integridad”, enfatizó.
Rodríguez Delgado también refirió que la situación será “bastante complicada” para el exmandatario, quien deberá cumplir su condena en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran otros expresidentes involucrados en casos de corrupción, como Alejandro Toledo.
El experto agregó que el caso de Pedro Castillo crea jurisprudencia en la legislación del país.
“Esta es una llamada de atención a los futuros dignatarios. No se puede jugar con el Estado de derecho, porque [si eso ocurre] hay una disrupción ilegal y, evidentemente, habrá consecuencias. En un plazo relativamente corto, ya tenemos al expresidente Castillo condenado por este delito y esto significará como mensaje comunicacional que manda el derecho penal a los sucesivos presidentes”, añadió.