Análisis | ¿Por qué tanta demora y contramarcha para elegir a la Junta Nacional de Justicia?

La elección de integrantes para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya tiene un primer plazo vencido y un proceso de evaluación infructuoso. Este miércoles, el único candidato electo, el abogado Pedro Patrón Bedoya, renunció irrevocablemente a asumir el cargo luego de que se suspendiera su nombramiento del martes ante la revelación de un proceso penal tramitado en su contra por falsedad ideológica. 

A la fecha, van 107 días desde la instalación de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los siete miembros del organismo que reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura. El pasado 14 de junio, el Pleno del Congreso aprobó extender el plazo inicial de 90 días a 180 días más, con lo cual se espera tener resultados definitivos en diciembre de este año. 

La tarde de su frustrada asunción, Patrón había declarado a la prensa que la Comisión ya conocía de su proceso judicial -al que llamó “prescrito”- y que el 18 de junio había presentado sus descargos ante el grupo evaluador.

¿Qué garantiza que finalmente entre en funciones la Junta Nacional de Justicia, considerando el alto respaldo popular que recibió su creación en el Referéndum Nacional de diciembre de 2018?

Concurso sin resultados

Consultada por RPP Noticias, la jueza especializada e integrante de la Asociación de Jueces Para la Justicia y la Democracia - Jusdem, Clara Mosquera Vásquez, afirmó que “lo que ha pasado en las últimas horas, con esta información acerca del abogado Patrón Bedoya, nos demuestra que el tamiz [para elegirlo] no ha sido el más adecuado”. 

De acuerdo con la Resolución N° 003-2019-CE, que se publicó el 23 de abril de 2019 y que estableció las Bases del Concurso Público de Méritos para la elección de los integrantes de la JNJ, el proceso exigió a los postulantes una experiencia profesional en Derecho no menor de 25 años, además de haber sido catedráticos universitarios por el mismo periodo mínimo y haberse dedicado a la investigación en materia jurídica por no menos de 15 años. Otros requisitos fueron carecer de sentencia condenatoria firme por delito doloso y tener “reconocida trayectoria profesional e idoneidad moral”. 

Además, para la inscripción -que se desarrolló entre el 24 de abril y el 9 de mayo- se exigió a cada postulante presentar declaraciones juradas sobre ingresos, bienes y rentas, y conflicto de intereses. Estas podían consignarse hasta tres días hábiles después de los resultados de la prueba de conocimientos.

“La existencia de antecedentes o procesos en trámite ha tenido que verse a través de la declaración jurada. Se tuvo que acreditar que [los candidatos] no tienen procesos pendientes. Y, si bien a una persona con proceso en trámite todavía le asiste el principio de presunción de inocencia hasta que no se acredite su responsabilidad, lo cierto es que esto nos deja un sinsabor acerca de la valoración por la que han pasado los perfiles de los aspirantes a la JNJ”, sostuvo la magistrada Mosquera. 

¿Exámenes mal planteados?

Como se recuerda, para el concurso público quedaron habilitados 113 postulantes, de los cuales, 104 se presentaron y solo tres aprobaron la evaluación de conocimientos y la evaluación curricular. En la primera evaluación, que consistía en conocimientos y que se realizó el 19 de mayo de 2019, se incluyeron preguntas conceptuales sobre todas las ramas principales del Derecho (Constitucional, Administrativo, Civil, Penal) y de la Gestión Pública. 

El lunes 24 de junio, los finalistas rindieron la última prueba: una entrevista personal frente a la Comisión Especial, conformada por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; el contralor de la República, Nelson Shack; y los representantes de las universidades públicas y privadas, Jorge Alva y Antonio Abruña. 

Por decisión del jurado, el abogado Pedro Patrón llegó al puntaje requerido para pasar la entrevista. Sin embargo, su ingreso ya se descartó.

Para el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, todo el proceso para elegir a la JNJ ha sido negativo en tiempo, dinero y esfuerzo. Además, consideró preocupante que la Comisión Especial -integrada, además, por tan altos funcionarios del Sistema de Justicia- no haya logrado consolidar una metodología ajustada a todo lo invertido. 

“En términos de gestión pública, el costo-beneficio ha sido negativo en este proceso. Pensemos en todo el tiempo empleado por los funcionarios públicos de más alto nivel de nuestro país y en el dinero que el Estado ha invertido para un proceso sin resultados”, señaló Adrianzén a RPP Noticias. “Yo creo que el error radica, fundamentalmente, en la metodología empleada y que el Congreso o la propia Comisión debe corregir la metodología de la evaluación”. 

El exfuncionario explica que el examen de conocimientos debió incidir en ejemplos prácticos, en los que los candidatos propongan soluciones más que acertar respuestas memorísticas. “Estoy absolutamente de acuerdo con la evaluación del currículum, el análisis completo a la vida profesional y a la probidad. Pero, ¿cómo pretender realizar un examen sobre toda la carrera de Derecho? Creo que se debieron incluir preguntas de conocimientos aplicables a casos hipotéticos para medir el dominio sobre la ciencia jurídica que tiene cada postulante y no para que responda de manera memorística cuáles son los requisitos para que un acto jurídico sea válido”, dijo Adrianzén.

La reforma judicial seguirá pendiente

Una vez instalada con sus siete miembros electos, la Junta Nacional de Justicia deberá revisar los cerca de 1,800 nombramientos que realizó el Consejo Nacional de la Magistratura (cuyos consejeros fueron removidos el año pasado por implicancias con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto) a fin de identificar posibles irregularidades y dar de baja a magistrados que ingresaron por favorecimiento. También deberá encargarse -en un plazo que, según la Ley Orgánica, es de 18 meses- de fiscalizar las ratificaciones y los procesos disciplinarios en los que también pudo haber vicios. Asimismo, tendrá que reactivar convocatorias y concursos adecuados para seleccionar nuevos jueces y fiscales a nivel nacional.

Luis Pásara Pazos, investigador sobre sistemas judiciales en Latinoamérica y senior fellow de la Fundación para el Debido Proceso, precisó a RPP Noticias que la reforma judicial a la que se aspira con la JNJ ya tiene obstáculos desde la conformación del grupo que está evaluando a sus postulantes. 

“El problema de fondo es que el proceso está descaminado por tres razones. Primero, porque en la denominada Comisión Especial, que está a cargo del concurso, están sentadas algunas personas que son fruto de aquello que se quiere reformar: el presidente de la Corte Suprema y la fiscal de la Nación, que fueron nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura que el Congreso, a regañadientes, ha tenido que liquidar; y el defensor del Pueblo, que ha sido designado por el Congreso y que ha demostrado tener poco interés en la reforma. Segundo, porque se ha realizado un concurso en el que la llamada prueba de conocimientos fue un despropósito: las preguntas no se dirigieron a evaluar la capacidad de los postulantes para desempeñarse como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Mi impresión es que los integrantes de la Comisión Especial no conocen el perfil de aquellos a quienes deben buscar. Tercero, porque la denuncia periodística sobre los antecedentes judiciales del único candidato que aprobó la entrevista sugiere que la Comisión Especial no ha tenido mínimo cuidado al hacer su trabajo.”, indicó.

Pásara, quien también es doctor en Derecho, coincide en que la descalificación masiva de candidatos a la JNJ es consecuencia de una evaluación mal planteada. "No digo que los candidatos 'desaprobados' fueran buenos; eso simplemente no lo sabemos porque la prueba usada era inadecuada para evaluar sus capacidades para la función". 

Gustavo Adrianzén, por su parte, insiste en que la recomposición y el saneo del Sistema Judicial ameritan un proceso analizado al milímetro. “Es imprescindible tener esa Junta Nacional de Justicia. No solamente por la cantidad de expedientes que existen embalsados, sino además porque actualmente tenemos a muchos ‘hermanitos’ que no deberían estar en la magistratura. Y el único ente encargado de sacarlos del sistema judicial o fiscal es esta JNJ. No permitamos que estas deficiencias de orden administrativo y de gestión estén permitiendo que todavía estos ‘hermanitos’ sigan actuando impunemente dentro de la judicatura nacional, que es lo que tanto daño nos hace”. 

Plazos poco sinceros

La jueza Clara Mosquera estima que, además de la errónea estructuración de las evaluaciones, el tiempo previsto para las fases no fue realista y que, de haber existido más aprobados, el corto plazo habría generado poca rigurosidad. “Imaginemos que en el examen hubieran pasado 100 personas. ¿Habrían terminado de evaluarlas a todas? Hay que ponernos en ese supuesto. Las convocatorias del desactivado CNM -para seleccionar nuevos jueces y fiscales- demandaban mucho más. La evaluación debe ser pausada y no contra el tiempo. Nos preocupa mucho -como miembros de Jusdem- que la reforma demore. Si esto tarda más y si no se aplica desde los cimientos, seremos nuevamente testigos de nuevos audios e imputaciones lamentables como en las que están ahora implicados jueces, consejeros del CNM y fiscales”.

El especialista Luis Pásara se muestra poco crédulo ante la posibilidad de una verdadera reforma judicial e insiste en que la problemática no radica en los tiempos, sino en la poca voluntad política y la poca independencia de los evaluadores de la JNJ. “Lo más importante no es el incumplimiento del plazo fijado por la ley, transcurrido el cual no tenemos el resultado que se buscaba. Los plazos establecidos [de 18 meses para revisar nombramientos realizados por el CNM] significan que, durante los próximos dos años, todo el Sistema de Justicia va a estar sujeto a una gran inestabilidad. Pero lo peor es que no tenemos ninguna garantía de que ese sea el precio a pagar para tener un sistema mejor. Al final de los cambios, las cosas pueden seguir igual o casi igual. No tengo la menor expectativa en que este Congreso pueda generar una ley con mejores criterios para un sistema de evaluación adecuado”, refirió.