La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción busca que el Estado pueda perseguir de manera indefinida a una persona implicada en un acto delictivo. Esta norma, aprobada por unanimidad por el Congreso este miércoles, tiene como objetivo que todos los delitos de corrupción de funcionarios que afecten el patrimonio del Estado sean imprescriptibles.
El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de delitos de corrupción contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para funcionarios o servidores públicos como para particulares. La ley establece la imprescriptibilidad en los supuestos más graves o recurrentes, sin embargo, estos no han sido especificados.
Los delitos más graves en la función pública Según explica el abogado penalista Julio Rodríguez, estos son “los que afectan no solo el correcto funcionamiento de la entidad estatal, sino que además afectan el erario público. Esos son considerados los más graves. La colusión desleal es el delito que tiene la mayor pena. Le sigue el peculado y de allí vienen las modalidades especiales de corrupción específica que son cometidas por jueces, por magistrados en general”.
Hay que precisar que esta norma que tiene como objetivo modificar la legislación. Requiere de una segunda votación en la próxima legislatura que inicia en julio y solo alcanzará a los delitos cometidos después de la aprobación de esta norma. Es decir, no es retroactiva.
