Alan García no recibió asilo político en Uruguay. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ernesto Arias

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El presidente uruguayo Tabaré Vásquez anunció personalmente que su país denegó la solicitud de asilo diplomático que había sido presentada por Alan García. “En Perú funcionan autónoma y libremente los tres poderes del Estado y en particular el Poder Judicial que está llevando a cabo investigaciones de eventuales delitos económicos”, precisó. Denegar una solicitud de asilo a un ex Jefe de Estado es una decisión grave y excepcional, pese a lo cual ha sido respaldada unánimemente por la clase política uruguaya. Tampoco ha sido objetada en el Perú, ni siquiera por el propio Alan García, quien publicó un comunicado afirmando que estaría en su domicilio “a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan”.

Sin embargo, el congresista Mauricio Mulder  afirmó que "sí existe todo un mecanismo y toda una maquinaria que busca desesperadamente hostigar al partido aprista". Incluso vinculó este hostigamiento con el gobierno de Martín Vizcarra, al que acusa de direccionar esta supuesta campaña de hostigamiento. Pese a todo, la aceptación unánime de la decisión uruguaya refuerza el dinamismo de la lucha contra la corrupción que, como sabemos, está dirigida indistintamente contra personalidades de todas las corrientes de nuestro espectro político.

Nuevos problemas en el Congreso

Unanimidad también hubo en el voto de la Comisión de Ética, que recomendó al Pleno del Congreso la suspensión del congresista Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos a una aeromoza. Asimismo, la conducta del congresista de Fuerza Popular deberá ser analizada por la Subcomisión de levantamiento de inmunidad, para que su caso pueda ser investigado en la Fiscalía.

Más suerte viene teniendo el actual Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que ha reconocido haber presentado documentos falseados para dar cuenta de actividades realizadas durante sus semanas de representación. El parlamentario ha atribuido la adulteración de los documentos a un empleado de su confianza, que habría redactado los documentos y fotos, sin que Salaverry lo supiera. La bancada fujimorista no se pronunciará sobre el caso, puesto que Salaverry solicitó licencia de su bancada.

También el congresista Edwin Donayre se ha visto favorecido por una decisión de la Comisión de Levantamiento de inmunidad, porque los votos fujimoristas lo salvaron por ahora de cumplir su condena de cinco años. El caso Edwin Donayre ha sido remitido a la Comisión de Constitución, que solo sesionará después del fin del receso parlamentario, es decir, no antes del próximo mes de marzo.

Efectos de Odebrecht en la región

Muy diferente ha sido la actitud del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, quien ha decidido poner fin a las funciones de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, implicada en un sórdido caso de financiamiento ilegal de su campaña electoral. Acuña cobró una parte del salario de sus empleados, pero jura que se trataba de contribuciones hechas voluntariamente. El presidente Lenín Moreno no lo entendió de esa manera y ejerció su derecho a retirar la confianza a la segunda autoridad del Estado. La triste salida de la vicepresidenta recuerda que su predecesor, Jorge Glas, también tuvo que dejar el cargo y dirigirse a la cárcel por su implicación en una trama de corrupción de Odebrecht.

En nuestro país y en los demás países de la región la corrupción ligada a Odebrecht y otras empresas brasileñas de construcción ha costado mucho dinero, que hubiera debido ser invertido en salud, educación, infraestructura y seguridad. Pero además, nos distrae de las reformas y objetivos de largo plazo. La mejor prueba es el limitado interés que despierta el referendo en nuestro país. Y sin embargo, el referendo puede permitirnos sentar las bases de cambios que restablezcan la confianza de ciudadanos e inversionistas.

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