Conflicto de competencias y artículo 117 [COLUMNA]

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Como en muchos aspectos de la vida, la virtud suele hallarse en el equilibrio entre dos extremos. Al menos ese es el principio de la moderación y el rechazo del maniqueísmo, doctrina que postula que en toda circunstancia se produce una lucha entre el bien absoluto y el mal absoluto. En nuestra actual coyuntura política, el desafío mayor es hallar un equilibrio justo entre la inmunidad concedida al presidente y la lucha eficaz contra la corrupción.

Esos dos principios existen en nuestro marco normativo pero requieren una interpretación actualizada del artículo 117 de nuestra constitución. Los constituyentes quisieron evitar que el presidente pudiese ser distraído por denuncias hechas por adversarios, y decidieron postergar hasta el fin de su mandato las causas judiciales que pudiese enfrentar. Pero la intención no fue nunca blindar al presidente para que fuese capaz de cometer cualquier delito sin tener que rendir cuentas.

La Fiscalía ha pedido al Congreso que el presidente sea investigado por graves denuncias de corrupción, alimentadas por el testimonio de colaboradores eficaces y múltiples evidencias. El Congreso ha recurrido al Tribunal Constitucional para que defina la interpretación del artículo 117, integrando a su tenor la Convención de la ONU sobre la lucha contra la corrupción. Los constitucionalistas no están de acuerdo, pero los magistrados del TC pueden contribuir a hallar una solución a la crisis política en la que nos hallamos.

El TC no es un órgano consultivo, pero tiene pendiente una sentencia en un conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial. Si se pronuncia, como lo están pidiendo ex presidentes del TC, podrá ahorrarnos parálisis y caminos sin salida. Perturbar la gobernabilidad es grave, sin duda, pero aún más grave es consagrar la impunidad de los gobernantes.

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