Magistrado del TC estima que interpretación solicitada por el Congreso "seguramente" tendrá prioridad

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, detalló los plazos a seguir para que este organismo responda a la solicitud del Congreso de interpretar el artículo 117 de la Constitución, para que se permita el procesamiento a nivel constitucional del presidente Pedro Castillo, en los términos de la denuncia penal presentada por la Fiscalía de la Nación.

En Ampliación de Noticias, el tribuno indicó que, una vez admitida la demanda por el TC, se corre traslado para que la entidad emplazada, en este caso el Poder Judicial, conteste la demanda en un plazo máximo de diez días.

“Una vez contestada la demanda, el Tribunal fijará plazo para una audiencia. No es un plazo extenso. Una vez celebrada la audiencia el tribunal tiene un plazo para resolver. El plazo para resolver, una vez celebrada la audiencia, está previsto en las normas del Código Procesal Constitucional: es un plazo de 60 días hábiles”, refirió.

El magistrado no descartó que el TC dé prioridad a este caso, teniendo en cuenta su trascendencia; pese a que -dijo- “los expedientes en general deben resolverse por orden de ingreso y, con la carga procesal esto debería demorar más”.

“Yo no tengo la última palabra, eso va a verse definitivamente en el pleno. Pero seguramente se le va a dar prioridad a este caso, se va a estudiar con celeridad. Ahí hay un tema de complejidad y de gran trascendencia nacional, que obliga a un examen detallado”, manifestó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el TC no admita la solicitud del Congreso, César Ochoa manifestó: “Podría ser, tendríamos que estudiarlo y calificarlo”.

¿Dos o tres meses de plazo?

Óscar Urviola, expresidente del TC, señaló que este organismo podría tardar entre dos y tres meses para responder a la solicitud del Congreso de interpretar el artículo 117 de la Constitución para que se permita el procesamiento a nivel constitucional del presidente Pedro Castillo, en los términos de la denuncia penal presentada por la Fiscalía de la Nación.

Según explicó a La Rotativa del Aire, el Código Procesal Constitucional establece que para este procedimiento es necesario que el TC admita la demanda de competencia y la ampliación presentadas por el Congreso y luego se notifique a quienes hayan sido emplazados, en este caso el Poder Judicial, con el fin de dar vista a la causa y resolver.

“Presentada la demanda y calificada, cosa que, con esta ampliación, ya el TC va a tener que (…) admitirla a trámite y correr traslado al PJ y a quienes hayan sido emplazados (…) Con la contestación se tendrá que fijar vista de causa y después (son) 30 días para resolver, por lo que estamos prácticamente como ocurre en los procesos de inconstitucionalidad más o menos en un término digamos, lo más próximo podría ser de dos a tres meses”, sostuvo.

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