Roberto Sánchez apeló la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el pasado 11 de julio, en la que declaró infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó para que se archive el delito de rebelión que le atribuye la Fiscalía y sea excluido de este proceso penal.
El exministro Roberto Sánchez insistió en su pedido ante el Poder Judicial para ser excluido del proceso penal que se le sigue junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.
El actual congresista de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo apeló la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el pasado 11 de julio, en la que declaró infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó para que se archive el delito de rebelión que le atribuye la Fiscalía y sea excluido de este proceso penal.
La defensa legal de Roberto Sánchez sostiene que Checkley Soria realizó un análisis que no planteó, la conducta atribuida a su patrocinado no se subsume en el delito de rebelión y que existe una falta de precisión en la imputación formulada contra su defendido, por lo que demanda que la siguiente instancia revoque la resolución apelada y estime su pretensión.
De igual modo, el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón, también apeló el extremo de la resolución emitida por Juan Carlos Checkley que declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó para que se archive el delito de rebelión que le imputa la Fiscalía y también sea excluido de este proceso penal.
La defensa legal de Infanzón Gómez demanda que la siguiente instancia revoque la resolución apelada y se estime su pretensión al considerar que dicho magistrado realizó un juicio de control sin que se respeten las garantías mínimas del debido proceso y la motivación de las resoluciones; que el razonamiento de la resolución apelada no es lógico y omitió cómo es que la conducta presuntamente cometida por su defendido está incursa en el delito de rebelión; que lo descrito por el fiscal no permite entender que se levantó en armas para derrocar al gobierno durante su servicio policial, y que formó parte de una voluntad previa para derrocar al gobierno.
Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió “conceder” estos recursos de apelación por haber cumplido los presupuestos que establece el Código Procesal Penal para ser admitidas, por lo que en los próximos días programará la fecha y hora de la audiencia virtual para evaluarlos con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra Roberto Sánchez y Eder Infanzón, así como su inhabilitación por 2 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlos como presuntos coautores del delito de rebelión en agravio del Estado.
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