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por Julio Cisneros
·Los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido son acusados de impedir que un exmilitar declare en otra investigación que afrontan por supuestos vínculos con las remanentes de Sendero Luminoso.
La Procuraduría General del Estado podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del país que se le pueda imponer a los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, si es que son hallados culpables en el proceso penal que afrontan por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia.
Esto porque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 24 de junio de 2024, en la que ordenó la incorporación de la Procuraduría General del Estado como “actor civil” o “parte agraviada” en este proceso penal.
El tribunal, presidio por el juez supremo César San Martín, adoptó esta medida al declarar “infundado” el recurso de apelación que presentó el congresista Guillermo Bermejo, a través de su defensa legal, para que se revocara la resolución que emitió el magistrado Checkley Soria dentro de este caso.
La Procuraduría General del Estado presentó una propuesta inicial dentro de su solicitud de constitución en “actor civil” para que ambos legisladores paguen, en forma solidaria, la suma de 247 mil 500 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.
Fiscalía pide siete años y seis meses de prisión por este caso
El Ministerio Público pidió siete años y seis meses de prisión contra los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido al acusarlos por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia.
Los congresistas son sindicados de presuntamente impedir que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como "Sacha", declare ante los agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional ( DIRCOTE ), en el marco de una investigación seguida a estos parlamentarios por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso que operan en el VRAEM.
Cabe precisar que la fiscal Eneida Aguilar Solórzano pidió 20 años de prisión para los exparlamentarios en otro proceso penal que afrontan por el presunto delito de afiliación a organización terrorista, por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona citada.
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Julio Cisneros Periodista
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