La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial que los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido paguen, en forma solidaria, la suma de 247 mil 500 soles como reparación civil a favor del Estado tras haber sido incorporada como "actor civil" en el proceso que se les sigue por el presunto delito de obstaculización a la acción de la Justicia.
La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial que los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido paguen, en forma solidaria, la suma de 247 mil 500 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.
La defensa legal de nuestro país presento está propuesta inicial de reparación civil a favor del Estado peruano dentro de la solicitud que hizo para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria seguida a estos legisladores por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia, la cual fue aceptada el último 24 de junio por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
El magistrado determinó que la solicitud de la Procuraduría General del Estado cumple los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal para ser aceptada por lo que declaró infundadas las oposiciones presentadas por los abogados de los mencionados parlamentarios frente al pedido hecho por la defensa legal del Estado peruano en este caso.
La decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria habilita a la Procuraduría General del Estado para que pueda solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del estado que se le puede imponer a estos legisladores de ser hallados culpables de los cargos que la fiscalía les atribuye en este caso.
El caso
El último 3 de enero, la segunda fiscalía suprema en lo penal dispuso formalizar una investigación preparatoria a estos legisladores por el delito de obstaculización a la acción de la justicia tras atribuirles el presuntamente haber impedido que el Exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como "sacha", declare ante los agentes de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) como parte de la investigación seguida a estos parlamentarios por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del Vraem.
La instancia suprema fiscal dispuso que está investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de ocho meses al ser declarada "compleja".
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