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La fiscal de la Nación indicó que desconoce el contenido de la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides en su contra por presunto abuso de autoridad y prevaricato. "Son denuncias que se presentan contra mí por cumplir con mis funciones", sostuvo.
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, se pronunció en torno a la denuncia constitucional en su contra presentada por la fiscal suprema titular Patricia Benavides ante el Congreso de la República, en la que pide que sea acusada ante la Corte Suprema y que sea inhabilitada por 10 años del ejercicio de la función pública.
Como se sabe, el último miércoles, Benavides Vargas interpuso dicha demanda en la que alega que la titular del Ministerio Público habría incurrido en los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, ya que habría desobedecido la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso su reincorporación en el cargo.
Al respecto, Espinoza Valenzuela, en entrevista con Radio Yaraví, dijo desconocer el contenido de dicha denuncia constitucional ya que, según señaló, aún no ha sido notificada de la misma. No obstante, aseguró no darle importancia y no tener temor de esta.
"No tengo temor a ninguna denuncia. La verdad, no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me atribuyen, porque no he sido notificada todavía. Esa es una difusión pública, pero no sé de qué se trata", sostuvo.
"En todo caso, yo responderé y no le doy mayor importancia, porque cuando se tiene la conciencia limpia no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación", resaltó.
En ese sentido, la Fiscal de la Nación dijo que hará "sus descargos" y que ese tipo de denuncias son interpuestas por "cumplir" con sus funciones y "hacer respetar la constitucionalidad".
"Me presentaré, haré mis descargos, como es las varias denuncias constitucionales que se me han presentado. Considero, de manera ligera, o en realidad son denuncias que se presentan contra mí por cumplir con mis funciones, por hacer respetar la constitucionalidad, la ley, porque acá no se trata de que voy a obedecer ilegalidades", aseveró.
"Por lo tanto, los buenos fiscales conocemos el derecho, lo aplicamos y lo hacemos respetar. Yo responderé en su oportunidad, no hay ningún inconveniente. No tengo temor como otras personas que denuncian a quienes los investigan porque tienen temor", acotó.
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“El Congreso está actuando de manera inexplicable”
En otro momento, la titular del Ministerio Público consideró que la labor de su institución se ha visto perjudicada por una serie de leyes que ha impulsado el Congreso, como aquella relacionada a la extinción de dominio.
"Cuando nosotros detectamos a personas que presuntamente estarían vinculadas o a testaferros […], por ejemplo, producto de las extorsiones. Todo ese dinero que han extorsionado a comerciantes, a toda nuestra población que sufre, todo eso lo tienen los criminales y lo convierten comprando bienes, teniendo ahorros, haciendo inversiones ilegales. Todo ese dinero, cuando se detecta por parte de extinción de dominio, puede ser incautado, despojado a esas personas. Pero, lamentablemente, con esta ley que se ha dado, modificando la ley original que nos permitió incautar más de 600 millones […], esto incluso se va a tener que devolver", explicó.
"Esa es una ley que estamos cuestionando totalmente y que hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad y esperamos que sea declarada fundada por el Tribunal Constitucional (TC). Esa es una ley de tantas, hay varias, el tema de la colaboración eficaz", agregó.
Asimismo, Espinoza Valenzuela consideró lamentable que varias leyes que han modificado la administración de justicia y el marco legal para combatir el crimen no hayan sido consultadas con el Ministerio Público.
"Varias de esas leyes no se nos han consultado, como parte de la administración de justicia. Lo que se debe hacer cada vez que se quiere modificar leyes que van a perseguir la criminalidad, el Congreso tiene que, previamente, citarnos. Esas modificaciones, por ejemplo, de reducir el tiempo para la corroboración de la colaboración eficaz a solo 8 meses, hay muchos casos de criminalidad organizada que requieren una labor que toma tiempo, porque son delitos complejos, porque incluso son redes criminales que llegan a nivel internacional. Tenemos que ir con cooperación internacional, traer datos del extranjero, es decir, una serie de diligencias que toman más de 8 meses. Cuando nos reducen a 8 meses, entonces no siempre la corroboración se cumple y se cae […], ya no surte efecto, ya no tenemos éxito con un pretendido colaborador eficaz. Ese es el problema", sostuvo.
"El Congreso está actuando de manera inexplicable. Eso sumado a las críticas que también, injustamente, el Gobierno viene haciendo de la actuación fiscal", puntualizó.
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